Un grupo de trabajadores del Centro de Referencia Estatal (CRE) de Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo denuncia que lleva «cuatro meses sin cobrar». Se trata de ocho personas fijas y tres sustitutas que realizan labores de recepcionista, documentalista, informática, almacenes y administración en el centro.
El grupo de afectados denuncia que la empresa adjudicataria de sus servicios, –Printes Security Advice, con sede en Ourense– lleva «varios meses sin pagar» y que «nadie nos da una explicación», denuncia Sandra Magaz, una de las trabajadoras afectadas por la situación y quien, junto a sus compañeros ha querido alzar la voz.
Printes Security Advice formalizó su contrato en el año 2021 con el Imserso, quien tiene externalizado varios servicios en el centro que están adjudicados a diferentes pequeñas empresas. Una decisión que, según explica la trabajadora, se tomó para «que puedan entrar negocios más pequeños» y cuya consecuencia es, a su juicio, «que muchas de ellas no tienen solvencia».
Después de intentar contactar durante todo este tiempo con la empresa gallega y no obtener apenas respuestas, la coordinadora de empresas del CRE ha propuesto «la cesión del crédito que el Imserso retiene a las empresas por si sucede algo para que puedan pagarles». Una iniciativa que consideran «complicado» que suceda porque «no es habitual». Por su parte, Magaz y el resto de sus compañeros saben que el Imserso «ha iniciado la sanción económica a la empresa y los pliegos de contratación para una nueva adjudicataria», pero anuncian desconocer «cuándo será». Los trabajadores reclaman que el proceso se acelere cuanto antes aunque lamentan que no será sencillo:«La empresa que llegue ahora tendrá que hacerse cargo de la deduda de la anterior, ¿quién va a querer coger ese concurso debiendo cuatro nóminas a once trabajadores?».
Los afectados llevan todo el verano intentando contactar con la empresa sin casi conseguirlo y recibiendo respuestas atrasadas. «No contestan apenas a los correos y tampoco responden al teléfono», cuenta Sandra. Sin embargo, la trabajadora no se extraña ya que, según explica, «siempre teníamos que estar detrás de ellos, nos pagaban mal» y denuncia otras problemáticas vividas con los gallegos como que «enviaron cinco mascarillas Ffp2 por persona para todos los años que tuvimos que llevarlas en pandemia», detalla, «y eso que trabajamos en un centro sociosanitario». «Incluso entramos en diferentes foros en Internet y todo lo que leíamos eran malos comentarios», finaliza.
Actualmente, el grupo de empleados afectados sigue personándose en su puesto de trabajo cada día aunque ven la solución de «color negro». Mientras tanto, trabajan con sus abogados privados para presentar una denuncia a la empresa gallega ante el Juzgado de León.
Asimismo, Sandra Magaz detalla que dos sindicatos, UGT y Csif, se han acercado al CRE de San Andrés del Rabanedo para conocer la situación de los trabajadores y poder ayudarles porque «somos tan pocos que no tenemos representación». También han presentado su caso a la dirección del centro quien «dijo que íbamos a cobrar, pero no sabemos cuándo ni tampoco de quien» y cuya administración se encarga, además, de elevar su caso a otras instituciones a nivel nacional.
En León, el grupo de trabajadores del CRE, a través del sindicato UGT, ha pedido reunirse con la Subdelegación del Gobierno.