La situación de bloqueo permanente en la que vive el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo volvió a hacerse patente en el primer pleno ordinario del año 2026, en el que la oposición 'tumbó' la entrada en vigor de la nueva ordenanza de de suministro de agua y alcantarillado, que incluía la subida de las tasas correspondientes en un 38%.
La nueva ordenanza se había aprobado bajo mínimos hace prácticamente un año y ya se adelantaba que el siguiente paso podía complicarse ante la debilidad numérica del gobierno de la UPL y la falta de acuerdos. Finalmente ha sido así y si bien se rechazaban las alegaciones de los dos grupos políticos que las presentaron, IU - Podemos y Vox, una cuestión de plazos y de "inseguridad jurídica" ha sido suficiente para que se rechace la entrada en vigor de la nueva tasa, que deberá volver a pasar por el pleno.
La cuestión en este caso reside en la modificación de parte del texto que se aprobó en su momento, que UPL considera que no es sustancial ya que no se encuentra en su parte dispositiva, en contra de la opinión de los grupos que presentaron alegaciones. Del mismo modo, PP y PSOE señalaron que los informes favorables de secretaría, tesorería e intervención con los que supuestamente contaba la ordenanza, quedan anulados al no aprobarse antes del 1 de enero, tachando de "chapuza" la gestión del equipo de gobierno de Ana María Fernández Caurel al dejar pasar los plazos y no convocar un pleno a finales del mes de diciembre para que entrase en vigor con el inicio del año y cumplir así con los informes, que señalan la necesidad de autofinanciar el servicio. Ahora, explican, piden dejar la cuestión sobre la mesa, pedir nuevos informes para ajustar la tasa y volver a votarla para que arranque en el segundo trimestre en una situación que aseguran "nada cambiaría a aprobarla ahora".
UPL, que votó a favor junto a la concejala no adscrita y el edil de Ciudadanos (6) y contó con la abstención de PSOE(4), pero contó con la negativa de Vox, PP e IU-Podemos (8), volvió a lamentar la "intención" de la oposición de bloquear el ayuntamiento "buscando lo que no hay para lograrlo" y preguntándose si "alguien cree que vamos a ir a la cárcel por votar a favor de una ordenanza" trasladando la responsabilidad a los técnicos, opinión contraria a la que mostró por ejemplo la portavoz del PP, Noelia Álvarez, que aseguró que la responsabilidad "es de quien vota".
Convenio jurídico con la Junta
Dejó el pleno de San Andrés también un 'rara avis', que es sin duda el de ver una moción aprobada por unanimidad. Así se hizo con la presentada por Vox instando al equipo de gobierno a firmar un convenio con la Junta de Castilla y León para que sus servicios jurídicos presten asesoramiento al ayuntamiento. La situación del letrado municipal, de baja y con sus funciones asumidas por otro empleado municipal, complica la situación de defensa jurídica del consistorio que ya no se ha presentado a un juicio en este periodo. Un "parche provisional" según aseguraron algunos grupos, pero que "solo nos puede dar cosas positivas", según explicó la alcaldesa, por lo que salió adelante con el voto a favor de todos los presentes.