"Somos importantes, pero nos tratan como el último escalón"

Tenían que estar sentados en un aula haciendo un examen, pero finalmente tuvieron que protestar en la plaza de la Catedral. Más de 150 opositores se concentraron ayer para mostrar su rechazo a la anulación del proceso de selección de personal de enfermería.

La protesta se ha llevado a cabo en la práctica totalidad de las provincias de Castilla y León y ha servido para solicitar de nuevo la dimisión del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, al que consideran principal responsable de la anulación de las oposiciones.

Los manifestantes han formado un círculo y han entrelazado sus manos en la plaza de la Catedral mientras protestaban contra una decisión en la que ven tintes políticos. En este sentido recordaron que la convocatoria de estas oposiciones por parte de la Junta se llevó a cabo una semana antes de las elecciones autonómicas y que poco después el Gobierno de España la impugnó pese a estar gobernadas ambas instituciones por el mismo partido político, el PP. Lamentaron además que la administración central no recurriera procesos similares que se convocaron en otras comunidades autonómas y que sí se van a celebrar.

Los aspirantes creen además que la Consejería de Sanidad sabía desde un principio que la convocatoria de las plazas podía ser ilegal y que siguió adelante a pesar de ello y con los problemas que se han ocasionado a los 20.000 opositores que ayer tenían que haberse presentado al examen.

Los opositores recordaron que no ha habido exámenes desde el año 2008 y que desde entonces no han podido incluir méritos en la bolsa de trabajo, con la excepción del tiempo en el que han estado cubriendo alguna plaza. "Ahora han querido sacar ahora todas las plazas juntas cuando por ley habían caducado", señaló una de las participantes en la protesta frente a la Catedral.

El acto ha servido además para que los integrantes del sector de la enfermería, que se movilizaron de forma independiente, exigieran la convocatoria de las todas las plazas previstas en la oferta pública de empleo de los últimos cuatro años y que se devuelvan las tasas por presentarse al examen, que ascienden a 25 euros.

A esta situación se suma el perjuicio económico que han sufrido los opositores, ya que en muchos casos tuvieron que solicitar días de permiso o vacaciones para poder acudir al examen. A ello se suman las reservas en los hoteles y el dinero invertido en las academias (una media de 150 euros al mes) para preparar la prueba. "Somos importantísimos, pero nos tratan como al último escalón de la sanidad", denunciaron.