En este contexto, el propio concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de León, José María López Benito, reconocía que "aunque el dictamen deja abierta la puerta a la cooperación entre administraciones y, por tanto, se podrían explorar otras fórmulas para afrontar el proyecto, no cabe duda de que la entrada en vigor de la nueva normativa europea dificulta la encomienda de gestión con la Administración Autonómica tal y como estaba planteada en origen, en junio de 20152.
Fomento apunta que hay "opciones posibles en las relaciones entre León y la Junta" para aprovechar la financiación europeaPor su parte, desde la Junta consideran que "los contactos y conversaciones que se han mantenido por el Ayuntamiento con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la puesta en marcha de este proyecto, y que habían fraguado en un posible convenio directo con la empresa pública de la Consejería, Somacyl, se han visto afectados por la Directiva Europea de Contratación 2014/24/UE, que tenía que haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico español antes del día 18 de abril de 2016, y que al no haberlo sido, siguiendo algún informe jurídico de organismos independientes, se ha elaborado el criterio de considerar que tiene un efecto útil directo vertical que afectaría a las relaciones jurídicas como la que se venía negociando, criterio que se acepta por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente".
Sin embargo, ante la posibilidad de que el Ayuntamiento opte por vías alejadas de la Administración autonómica, en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente recuerdan que el departamento "ha ofrecido a la ciudad fondos financieros europeos de que dispone para actuaciones de eficiencia energética a dicho fin". Explican que "son millones de euros de los que, con carácter general, no disponen los ayuntamientos, y cuya financiación en el mercado financiero es desconocida en condiciones y plazo respecto a la europea, además de disponer la Consejería de la experiencia y la capacidad de gestión en la materia probada en decenas de actuaciones de este tipo a lo largo de los años en la comunidad autónoma".
Desde la consejería que dirige el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones asegura que "la preocupación de la Junta es facilitar a las administraciones locales la realización de actuaciones de eficiencia energética, que constituye una de las acciones políticas de la Consejería y de la Unión Europea, para lo que arbitra este tipo de fondos financieros, siendo el medio o instrumento en que materializa la actuación una mera cuestión jurídica en la que no hay más que ajustarse a la aplicación e interpretación de las normas que sea la más adecuada".
La Junta ofrece colaboración
Para ello, Fomento recuerda que el "dictamen que hace un análisis exhaustivo de las distintas posibilidades de acometer una actuación de este tipo, incluidas opciones de relación de colaboración horizontales vía convenio entre las administraciones para conseguir fines públicos comunes" y pone de manifiesto que hay "opciones posibles en las relaciones entre Ayuntamiento y Junta de Castilla y León que serán ofrecidas por aquella a fin de, si así lo estima la corporación, puedan aprovecharse para León los fondos europeos a favor de esta actuación de eficiencia energética tan positiva para la ciudad y sus habitantes".Con estas consideraciones, será el Ayuntamiento quien deberá determinar ahora si continúa colaborando con la Junta para tratar de no perder los fondos europeos o decide explorar otra vías de financiación para renovar el alumbrado de la ciudad.