Esta ratio se sitúa en 1,12 cotizantes por cada pensionista, muy lejos del 2 que se necesita como mínimo para que el sistema sea sostenible, según los expertos. Concretamente, en el pasado mes de mayo, la provincia contaba con 152.248 afiliados a la Seguridad Social en alta a los que se suman los 7.382 beneficiarios de pensiones contributivas por desempleo, lo que arroja un saldo de 159.630 cotizantes frente a 142.266 pensiones contributivas, según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que dirige Fátima Báñez.
Esta ratio está muy lejos del 2,09 que presentaba el sistema en el conjunto del estado en el mismo mes, cuando se contabilizaban 19,4 millones de cotizantes (17.248.258 afiliados a la Seguridad Social en alta más 2.154.701 beneficiarios de pensiones por desempleo) por 9.278.782 pensionistas. Hay que matizar que si se excluyen los desempleados de la operación, la ratio se sitúa en 1,86.
No obstante, para equiparar la ratio nacional la provincia necesitaría sumar alrededor de 140.100 cotizantes más, una quimera a día de hoy que pasa, en primer lugar, por reforzar el cambio en la tendencia registrada el último año. Los datos de afiliación en la provincia han mejorado durante el primer semestre en relación con el mismo periodo del año anterior con un ligero crecimiento alrededor de 2% en las medias mensuales de cotizantes en alta.
Puerta a los recortes
Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para, al menos, llegar a los niveles de cotización del 2008, cuando en junio se contabilizaban en la provincia 178.963 cotizantes, casi 26.000 menos de los registrados en el mismo mes de este año.
Ante esta situación, el secretario de Salud Laboral y Seguridad Social de CCOO en Castilla y León, Mariano Sanz, advierte de que si no se toman medidas de forma urgente para elevar los recursos del sistema, el Gobierno se verá obligado a adoptar nuevas reformas que rebajar aún más las prestaciones y establecerá más dificultades para acceder a las mismas.
Esfuerzo compartido
Para evitarlo, Sanz propone elevar las bases de cotización en un esfuerzo «compartido» entre empresarios y trabajadores; vincular determinadas pensiones, como las de viudedad y orfandad, y las bonificaciones empresariales, a los presupuestos del Estado; y destinar fondos suficientes a luchar contra el fraude y la economía sumergida, que supone un «30% de la economía».
Además, cabe recordar la delicada situación que vive toda la comunidad, donde prácticamente el 25% de la población, percibe una pensión, mientras que la media del Estado no llega al 20%. En este sentido, indica que sigue destacando León, con casi el 30% de la población como perceptora de pensiones contributivas. Incluyéndose las no contributivas, la comunidad alcanzaría un porcentaje de perceptores del 25,3 %, y España, del 21%. Sanz también precisó que en Castilla y León en junio se contabilizaban 1,45 trabajadores por cada pensionista, también por debajo del ratio estatal de 1,86.