Hace más de cuatro años, los vecinos de San Andrés de Rabanedo esperaban con optimismo la apertura del vial de San Juan de Dios. Tras la finalización de las obras por parte de Adif, el Ayuntamiento de la localidad pasó a ser el responsable de una inauguración que parecía cuestión de tiempo. En pleno 2026, la tan ansiada puesta en marcha del vial se sigue postergando en el tiempo sin que se atisbe una solución en el corto plazo. El grupo municipal de Ciudadanos ha presentado una moción para el pleno ordinario de octubre en la que propone una solución provisional que plantea la peatonalización del tramo comprendido entre la calle Azorín y la calle Jesús Nazareno, salvando la presa del Bernesga. Desde la Asociación de Vecinos del Barrio de Pinilla, exigen que las modificaciones que tanta polémica están causando se acometen con la mayor celeridad posible. El sueño de ver aliviado el tráfico en la zona de la zona de Heriberto Ampudia y Azorín se ha convertido en una auténtica pesadilla para unos vecinos que exigen al gobierno de UPL que “ejecute la parte que le toca”.
Ya en 2023, cuando se cumplían dos años de la finalización de la obra, la Asociación de Vecinos del Barrio de Pinilla se puso en contacto con Adif para conocer el estado de la “tramitación de los expedientes y los pliegues necesarios para la construcción de los dos carriles que faltan”, como así se puede leer en una carta fechada a 12 de julio. La respuesta de la empresa pública a la consulta de la asociación fue clara y tajante: “esta consulta debería ser dirigida al Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo”. En cuanto a los dos carriles, Adif confirmó “la tramitación de la documentación administrativa necesaria para la ejecución de los trabajos”. Más de dos años después de esta conversación, la asociación lamenta como el equipo de gobierno sigue “sin hacer nada”.
Un problema que viene de lejos
La raíz del problema, como así explican desde la asociación, se remonta a hace ya casi una década. En torno a 2016, el equipo de gobierno de San Andrés debería haber recibido la información pública relativa a la obra que Adif había proyectado sobre el vial. Al ser una obra de interés nacional, la empresa pública podía ejecutar su idea sin contar con la aprobación del Ayuntamiento, aunque la legislación vigente sí permitía al gobierno local presentar las alegaciones necesarias antes de que los camiones comenzarán a trabajar.
En un principio, el proyecto se planteó con un carril por cada sentido, una idea que a la postre se acabaría por demostrar equivocada y que, a día de hoy, repercute en la postergación de la ansiada inauguración. “Los problemas no surgen de la nada”, critican fuentes de la asociación. Desde la agrupación vecinal señalan cómo, en algún momento, un técnico del Ayuntamiento tuvo que haber recibido el informe de Adif sobre el vial. Con estos datos sobre la mesa, su trabajo debería haber sido el de supervisar los planos y revisar si el proyecto de vial cumplía el plan urbanístico de la localidad.
De esta forma, explican desde la asociación, se podían haber trasladado las modificaciones necesarias del proyecto a Adif a través de un informe del Ayuntamiento. Con toda probabilidad, la empresa pública hubiera tenido en cuenta las demandas del equipo de gobierno municipal antes de dar luz verde a las obras. Por tanto, “no se entiende” toda las quejas vertidas a posterior por el Ayuntamiento cuando estuvo en su mano, por ejemplo, ponerse en contacto con la Confederación Hidrográfica del Duero para acometer las expropiaciones necesarias que, hoy en día, se necesitan para la apertura del vial. Cabe recordar que uno de los informes recientes de la Policía Local señala la falta de seguridad en el Canal de Carosillo como uno de los requerimientos necesarios antes de la apertura del vial.
Solución tasada en 50.000 euros
Ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento, Adif hizo su trabajo: ejecutar la obra que había proyectado en el vial, tal y como se había planteado en un principio. Ya en 2021, cuando la empresa pública finalizó las obras, la responsabilidad de la apertura del vial pasó a manos del Ayuntamiento. Desde entonces, como así lamentan desde la asociación, el equipo de gobierno de UPL “sigue echando la culpa a la oposición”, en vez de acometer la obra del paso peatonal que, según cálculos aproximados, podía tener un costo total de unos 50.000 euros. “Sería una intervención mínima y desbloquearía una infraestructura que lleva dos años muerta de risa”, exponen desde la asociación.
Como solución, plantean que “se apruebe un crédito extraordinario”, aunque son poco optimistas al respecto. “Todo indica que no veremos nada, mientras seguimos sin tener noticias del expediente”, lamentan los integrantes de la asociación tras ver la falta de novedades en cuanto a la expropiaciones exigidas previas a la construcción del canal. Sin el tan ansiado canal peatonal, la apertura del vial es una utopía. “Pedimos al Ayuntamiento que diga exactamente qué cosas se necesitan”, critican.
Echando la vista atrás, desde la asociación están plenamente convencidos de que si se hubiera trasladado en su momento a Adif la petición de construcción del paso peatonal, la empresa pública hubiera aceptado sin pega alguna la demanda como una parte más de su proyecto. Sin embargo, la forma de actuar del gobierno local fue, como así critica la asociación, pedir cuentas de su actuación a Adif cuando ya no era posible dar marcha atrás en el proyecto. “Adif tiene la ley por la mano”, zanjan al recordar las quejas del equipo municipal cuando era totalmente imposible alterar la hoja de ruta de las obras ejecutadas en la localidad “Entran en discusiones que no se entienden”, lamentan.
Una titularidad con condicionante
Otro punto donde la asociación ha puesto el foco es en la cesión de la titularidad de la vía, que ahora mismo está en manos del Ayuntamiento tras la firma del convenio con Adif en 2023. Uno de los puntos que recoge la cesión, firmada por 75 años, gira en torno a la construcción de los dos carriles que faltan en el vial. De finalizar esta remodelación, la titularidad pasaría de manera definitiva al Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo. En caso contrario, Adif volvería a asumir el control del vial. “Tenemos poca certeza de que se vaya a cumplir”, aventuran pesimistas.
Por su parte, desde el equipo de gobierno de UPL aseguraron en junio de este año que el Ayuntamiento “sigue trabajando para que el vial se pueda abrir lo antes posible porque es una necesidad para aliviar el tráfico y es intención de este equipo de gobierno poder dar una solución definitiva, que es en la que están trabajando los técnicos”. Asímismo, en relación con el paso peatonal, dejan claro que “nadie ha dicho que no se vaya a incluir en el presupuesto”, señalando incluso que, en el borrador sobre el que se estaba trabajando, “se incluye una partida para el paso de la presa”. En ese sentido, lamentan “la escasa capacidad de inversión con fondos propios”.