El Grupo Parlamentario Popular en el Senado acusó este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incurrir en “rebeldía parlamentaria” por no comparecer en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 29 de enero para informar sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Los populares sostienen que la ausencia fue una “decisión deliberada” y anuncian que, si no se produce la comparecencia, acudirán al Tribunal Constitucional.
Durante el debate del conflicto de atribuciones planteado entre el Senado y el Gobierno, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Antonio Silván, defendió que la convocatoria se realizó conforme al Reglamento de la Cámara y a la Constitución. Según señaló, el artículo 182.1 del Reglamento del Senado establece que el presidente del Gobierno “comparecerá”, lo que, a su juicio, implica una obligación jurídica y no una facultad discrecional.
Silván afirmó que el presidente no alegó causa de fuerza mayor, imposibilidad material ni compromiso internacional que justificara su ausencia. “No era una invitación, era una obligación”, indicó, al tiempo que advirtió de que, si el requerimiento formal del Pleno no es atendido, su grupo acudirá al Tribunal Constitucional al considerar que el control parlamentario no puede quedar supeditado a la voluntad del Ejecutivo.
El senador popular sostuvo que la situación plantea, en su opinión, una cuestión institucional de alcance, al afectar al equilibrio entre poderes. También subrayó que la actuación de su grupo se ha ajustado al procedimiento previsto en el Reglamento de la Cámara.
Por su parte, la senadora Ana Beltrán reiteró que el presidente del Gobierno “no vino porque no quiso” y atribuyó la ausencia a la voluntad de evitar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios. En su intervención, vinculó el siniestro de Adamuz a supuestas deficiencias en el mantenimiento de las vías, una afirmación que no fue acompañada de informes técnicos durante el debate.
Beltrán amplió sus críticas al jefe del Ejecutivo con referencias a su trayectoria política y a su entorno personal, así como a decisiones gubernamentales en materia penitenciaria. Estas declaraciones no obtuvieron respuesta directa en el transcurso de la sesión.
El conflicto de atribuciones deberá ahora resolverse en función de los pasos que adopte la Cámara alta y, en su caso, de la eventual intervención del Tribunal Constitucional si se formaliza el recurso anunciado por el Grupo Popular.