La implantación del contenedor marrón sigue siendo una asignatura pendiente para numerosos ayuntamientos de la provincia de León. Los costes económicos, las dificultades para adaptar la recogida de residuos al medio rural y la falta de concienciación ciudadana complican el cumplimiento de la normativa. Manuel Pan, director general de Siháho Consulting, empresa especializada en asesorar a administraciones y empresas en la gestión de residuos, analiza los retos del nuevo modelo, advierte de sanciones a los municipios incumplidores y explica por qué separar correctamente la basura será fundamental para que no siga subiendo el recibo que pagan los ciudadanos.
– ¿En qué consiste el trabajo que desarrolla Siháho y cómo asesoran a los ayuntamientos y a las empresas para implantar el contenedor marrón?
– Lo que hacemos es ayudar a definir proyectos de recogida separada de biorresiduos adaptándonos a las necesidades y realidades de cada ayuntamiento, teniendo en cuenta cuestiones técnicas, legales y económicas y realizando la comunicación social, ya que es fundamental que la población se involucra y entienda la importancia que la separación y tratamiento de los residuos tiene en nuestras vidas, perece que los contenedores son cubos mágicos en los que depositamos la basura y desaparece, pero no es así.
– La recogida separada de residuos orgánicos debería estar implantada desde finales de 2023, pero muchos municipios están dando sus primeros pasos. ¿A qué se debe este retraso?
– Es un retraso que no solo se da en Castilla León, porque casi toda España está igual. Desde mi punto de vista, el retraso se debe a que la nueva ley de residuos se sacó en 2022 y desde 2008 Europa nos venía avisando de su necesidad. En esta ley hay fechas y objetivos que se sabían incumplibles desde el momento de su aprobación. Y a esto hay que sumarle que la ley obliga a aprobar ordenanzas, a poner en marcha nuevos servicios y a ajustar ingresos y gastos, lo que lleva a que todos los ayuntamientos de España se vean obligados a subir el recibo de la basura. Muchos están conteniendo esta subida de dos maneras. La primera es con presupuesto de otras partidas, lo que no es legalmente sostenible pero alivia la economía de muchas familias. Y la segunda es no poniendo en marcha nuevos servicios, lo que supone incumplir la ley y las multas ya están aquí. En breve se sabrá si sale más barato cumplir la ley o pagar las multas que impone Europa al Estado y que serán trasladadas en primer lugar a las comunidades autónomas y finalmente a los ayuntamientos. Es cuestión de meses.
– Por su experiencia con los ayuntamientos, ¿cuáles son los principales problemas que se encuentran a la hora de implantar este sistema? ¿Qué errores se repiten con mayor frecuencia?
– Sobre todo, el desconocimiento de un nuevo modelo de recogida que requiere procesos de implantación adecuados a cada población. No es lo mismo una ciudad con edificios en altura que una pedanía de viviendas unifamiliares o un casco histórico. A día de hoy ya hay muchos proyectos implantados en España de los que se puede aprender y por eso consideramos que es muy importante el trabajo de empresas como la nuestra a la hora de realizar planes adaptados a cada población. Lógicamente, otro de los problemas es el económico, porque implantar el contenedor o el compostaje no es simplemente comprar contenedores, sino que hay que recogerlos y tratar esas basuras, para lo que normalmente hace falta personal y vehículos nuevos, además de campañas sostenidas en el tiempo para que todos sepamos cómo actuar. Eso a medio plazo será un ahorro, pero en los primeros años supone un gasto que muchos ayuntamientos no tienen idea ni de lo que les supone. Los errores más comunes suelen ser el sobredimensionamiento del servicio y escoger mal la solución. Normalmente, los ayuntamientos que están empezando a implantar la separación de biorresiduos se fijan en proyectos del País Vasco, Cataluña, Navarra o Valencia, porque algunas de estas comunidades llevan 30 años con planes de residuos que van en esta linea, pero no se puede realizar un viaje en el tiempo y hacer que nuestras poblaciones asuman maneras de actuar que en estas zonas se llevan años trabajando a nivel de comunicación social, de legislación y de control.
– ¿Considera que algunos municipios están instalando el contenedor marrón simplemente para tratar de cumplir con la normativa vigente pero sin disponer de una estrategia que garantice su correcto funcionamiento?
– No lo creo, lo que si vemos es que aún a día de hoy se están implantando proyectos piloto, por barrios o por fases, algo que no tiene sentido desde nuestro punto de vista. Se debe trazar un plan que lleva consigo aprobar ordenanzas, contar con medios de humanos y técnicos y sobre todo ser sostenible en el tiempo. Una estrategia global que sirva para converger con los mandatos europeos y con la ley se pone en marcha para siempre y eso supone nuevos contratos para la recogida de residuos o ampliación de los actuales y aumentos de personal y medios mecánicos en caso de que el servicio sea de gestión pública. El caso de La Bañeza es un ejemplo muy claro de este nuevo modelo, puesto que el Ayuntamiento ha decidido poner en marcha una nueva licitación que incluye la recogida separada de biorresiduos. Se ha hecho un análisis de las características del territorio y finalmente se ha optado por una solución para el rural con compostaje individual para las viviendas con finca y por un contenedor cerrado con llave para la población general. ¿Por qué con llave? Por dos motivos, para llevar al CTR materia orgánica da calidad y para que una parte de la población le demuestre de manera voluntaria a las personas que están menos concienciadas que separar los biorresiduos es fácil. Dentro de unos años, quizá no tendremos ese problema, porque ya habrá pasado lo que nosotros llamamos un ciclo social y el contenedor marrón estará dentro de nuestra manera habitual de entender la separación de los residuos.
– ¿Qué consecuencias económicas puede tener para los ayuntamientos no separar correctamente los residuos orgánicos? ¿Hasta qué punto puede repercutir en la tasa de basuras? Ya se están anulando ordenanzas fiscales…
– Los ayuntamientos no separan la basura, es la ciudadanía quien lo hace. El ayuntamiento debe cumplir la ley, poner los medios materiales y obligarnos a hacerlo correctamente. Es la ley la que obliga a los ayuntamientos a realizar la recogida separada de los residuos y a buscar una solución a su tratamiento, bien sea por gestores autorizados privados o públicos, como el caso del CTR, pero también es la ley la que obliga a los ayuntamientos a repercutir a la ciudadanía la totalidad del coste de la recogida y el tratamiento. La ley tiene un objetivo muy claro: va a salir más barato separar y reciclar que no hacerlo. Hasta ahora, las administraciones realizaban campañas centradas en decirle a la ciudadanía que debíamos ser buenos y separar, pero ahora estas campañas están cambiando y van más en la línea de transmitir que, si no queremos pagar más por el recibo de la basura, tenemos que separar los residuos. Para que nos hagamos una idea, el coste del tratamiento de la basura mezclada, lo que tiramos en la bolsa negra, va a rondar los 100 euros por tonelada. Sin embargo, el tratamiento del cartón, de los envases o del vidrio no tiene coste alguno para las administraciones, mientras que la orgánica tiene un coste mucho menor al reducirse muchísimo el depósito en vertedero. Así que la pregunta correcta debe empezar a ser ya cuánto nos va a subir el recibo de la basura si continuamos sin separar. Otra cuestión son las ordenanzas, porque se están anulando muchas precisamente por la falta de experiencia y de un modelo claro de recogida separada. Esta ley es aún muy reciente y la obligación de tener aprobadas unas ordenanzas adaptadas a un servicio nuevo que en muchos casos no se realiza completo lleva a que sea muy difícil cuadrar el coste real de un servicio que no sabemos cómo va funcionar y lo que hay que repercutir en la tasa, pero esto es cuestión de tiempo.
– Uno de los grandes retos es conseguir la participación ciudadana. ¿Por qué cuesta tanto cambiar los hábitos de la población? ¿Qué medidas han demostrado ser más eficaces para conseguir que los vecinos utilicen correctamente el contenedor marrón?
– Hasta ahora, salía más barato hacer las cosas mal. Es por eso que llevamos años trasladando a la sociedad que hay que ser buenos, que tenemos que cuidar el medio ambiente. Y eso está bien, pero España tiene menos de un 25% de recogida separada real de residuos. Por eso, lo que nos dicen tanto la nueva ley como las directivas europeas es que debemos empezar a tener claro que, si seguimos haciendo las cosas mal, vamos a pagar más por la basura. En esta ley se penalizan la incineración y el hecho de depositar los residuos en vertederos sin haberlos tratado antes. Es algo que cada vez va a salir más caro e incluso se ha aprobado un impuesto a este vertido directo. Ya no sirve solo la comunicación, sino que hay que poner en marcha medios de control y sanción, personal para que los servicios municipales controlen y sancionen a las empresas y a la ciudadanía que no lo hace bien. Esta claro que es un proceso a medio o largo plazo, pero no hay otro camino.
– Algunos ayuntamientos están optando por contenedores cerrados con llave o tarjeta, mientras que otros permiten utilizarlos libremente. ¿Qué modelo está dando mejores resultados? ¿Es posible conseguir una participación elevada si su utilización es voluntaria?
– Esto va relacionado directamente con lo anterior. El contenedor abierto no cumple la nueva legislación. Es por eso que poner un contenedor marrón abierto en la calle no tiene sentido y es asumir que no vas a cumplir la ley. Ningún contenedor marrón abierto recibe menos de un 25% de residuos impropios y el máximo legal está en el 15% y será del 10% el próximo año. Es normal, puesto que el objetivo de esos biorresiduos es hacer compost, pero es imposible lograr un abono que se pueda devolver a la tierra si llevan un alto indice de impropios. El hecho de que el contenedor funcione con tarjeta o sin tarjeta está ligado a la estrategia de control o pago por generación que se tenga pensado aplicar. Si en un municipio se ha decidido que aquellas familias que lo hagan bien se beneficiarán de un coste inferior, está perfecto implantar una tarjeta, ya que sin tecnología no hay control y sin control no hay pago por generación, pero para eso necesitamos tener un padrón de habitantes actualizado y digitalizado, algo que no es habitual. Además, está el tema de las ordenanzas, que deben estar aprobadas con antelación para así poder aplicar incentivos o sanciones. Lo que sí podemos afirmar gracias a la experiencia acumulada en los proyectos en los que hemos participado es que en un proyecto voluntario es casi imposible llegar a un 20% de la población que participe en la utilización correcta del contenedor marrón en casco urbano. Sí se puede subir este porcentaje en ámbitos rurales por medio del compostaje individual, ya que se puede alcanzar el 50% en algunos casos. Con este modelo, lo que se recoge en un contenedor marrón cerrado es de mucha calidad, pero es una cantidad muy pequeña en comparación con los residuos orgánicos que se depositan en el contenedor de resto. En un proyecto voluntario, llegar al 10% de recogida separada de biorresiduos sobre el total es un gran logro. Es por eso que hay que hacerlo, pero como paso previo a un proyecto obligatorio, al igual que está pasando en ayuntamientos de ciertas comunidades autónomas que llevan más de 20 años con el contenedor marrón implantado y es ahora cuando están a cerrar el contenedor de resto, no sin problemas.
– En una provincia como León, con numerosos municipios pequeños y una población muy dispersa, ¿qué dificultades adicionales presenta la implantación del contenedor marrón? ¿Puede ser el compostaje doméstico o comunitario una alternativa más eficaz?
– Por supuesto, como ya hemos comentado, cada plan se debe ajustar a su territorio y el compostaje individual y colectivo es una gran alternativa desconocida para la población en general y que a veces tiene mala fama por miedo a los olores o las moscas, pero nada más lejos de la realidad. La experiencia nos dice que aquellas comunidades que prueban un proyecto de compostaje no se descuelgan, ya que es algo muy fácil de gestionar y que genera un abono ideal para nuestras huertas y campos. Eso sí, no debemos equiparar compostaje con barato y con ahorro, lo debemos hacer con compromiso y con futuro. Un plan de compostaje requiere acompañamiento y control. El nuevo decreto de compostaje, que está a punto de aprobarse, exige que los ayuntamientos deben llevar un control de los composteros puestos en marcha para garantizar que están en funcionamiento.
– Mirando al futuro, ¿qué consecuencias pueden afrontar los ayuntamientos que sigan retrasando la implantación de este nuevo modelo o no logren alcanzar los objetivos de recogida separada? ¿Cree que estamos ante un problema de falta de recursos, de planificación o de concienciación ciudadana?
– Lo primero, asumir las multas que están a punto de llegar. Y lo segundo, hacer frente a los elevados costes del tratamiento de residuo sin separar. En cualquier caso, insisto en que no es un problema de los ayuntamientos como entidades que parece que están desconectadas de la ciudadanía. Somos nosotros los que tenemos que poner de nuestra parte y va nuestra responsabilidad el hecho de asumir de una vez que tenemos que estar a la altura de Europa, empezar a separar los residuos y no seguir pensando que, como pagamos, es el ayuntamiento el que tiene que solucionar la papeleta. Eso ha pasado a la historia y los ayuntamientos, tarde o temprano, van a tener que primar a quien lo haga bien y castigar a quien lo haga mal. En definitiva, tenemos que empezar a decidir si queremos ser los malotes que decidimos pagar más y no nos importa o empezar a actuar como ciudadanos europeos que colaboran desde el inicio en separar bien los residuos. Hace poco, una persona que fue emigrante me decía que hace 30 años en Suiza no se le ocurría hacer lo que hace aquí de tirar cosas al suelo o depositar los residuos sin separar. Pues eso, los tiempos son llegados.
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