Los procuradores del Partido Popular por León en las Cortes Ricardo Gavilanes y Antonio Mendoza han explicado que hace pocos días se han conocido los datos del último informe de servicios sociales y Castilla y León ha obtenido una calificación de 7,30 (casi 2 puntos por encima de la media nacional con 5,35), mejorando en 0,40 la calificación del año anterior.
En León, existen 37 centros de atención social a la dependencia con 267 profesionales que atendieron casi 30.000 personas. La provincia cuenta con 9.637 plazas de atención residencial y de centros de día, con otras 2.617 para personas con discapacidad. Además, han sido 7.904 los usuarios de la teleasistencia y 6.791 los de la ayuda a domicilio. León cuenta con 3 casas de acogida para mujeres que han atendido a 66 personas y un centro de emergencia para ellas que contó con 102 casos. Por último, se concedieron 712 bonos de urgencia social, 679 bonos nacimiento y 1.760 familias de la provincia se beneficiaron del bono concilia.
Gavilanes ha apuntado que estos datos se deben al “diálogo y al consenso social existente en nuestra Comunidad para su gestión, son fruto de una estrecha y fructífera colaboración entre la Junta, las Entidades Locales y las entidades del Tercer Sector, que garantiza estabilidad, continuidad y homogeneidad en los servicios sociales en Castilla y León”.
El Índice DEC mide y evalúa de forma objetiva e independiente el desarrollo del sistema de servicios sociales del país y de cada una de las CCAA; siendo un referente nacional para conocer la situación en la que se encuentran los sistemas sociales, su capacidad de respuesta a las necesidades de los ciudadanos y proponer nuevas actuaciones a los retos que se plantean con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios sociales de nuestro país.
Antonio Mendoza ha reconocido el trabajo de todos los profesionales del sistema social de Castilla y León, puesto que “son ellos los principales artífices es este reconocimiento. A todos ellos hay que agradecerles su buen hacer en la provisión de los servicios y recursos técnicos, humanos y de apoyo necesarios”.
El sistema de servicios sociales destaca por su eficiencia y equilibrio, equilibrio entre los derechos que reconoce y la entrega efectiva de prestaciones y servicios, ofreciendo a su vez uno de mejores ratios entre cobertura y gasto. Unos resultados que “no son fáciles teniendo en cuenta realidad sociodemográfica de Castilla y León, que condiciona los desafíos a los que nos enfrentamos en nuestro sistema social. El acusado envejecimiento, la baja natalidad, la dispersión poblacional y el carácter eminentemente rural de la población son aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta para conocer las necesidades actuales y futuras de los ciudadanos”.
Castilla y León destaca por el gasto social por habitante, siendo de 519,3€, un 16% más que el año anterior y 57€ más que la media estatal. Otro dato que demuestra la relevancia económica que el gobierno autonómico asigna a los servicios sociales es el porcentaje del gasto respecto al PIB. Ha sido en 2022 de las pocas comunidades donde aumenta este porcentaje, alcanzando el 2,12% (+0,18), mientras que la media estatal es de 1,82%.
Aumenta también el porcentaje del presupuesto que las Administraciones Públicas de Castilla y León destinaron a servicios sociales, pasando de ser el 8,9% en 2020 a 10,9% en 2021 (media estatal: 9,3%). El 76,6% del gasto total en servicios sociales corresponde a la Junta de Castilla y León, 4,6 puntos por encima de la media estatal (71,8%).