En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía expone que entre las 18 y las 19:30 horas del 25 de febrero de 2020 los acusados E.C.C, H.C.V., A.M.A. y J.L.J. se pusieron «de común acuerdo» para idear un «plan para matar» al joven, D.V.A., al que E.C.C. responsabilizaba de haber entrado en su domicilio esa misma mañana junto a otra persona y de haberle «sustraído dinero y posiblemente sustancias estupefacientes». Por eso, quedó con él por teléfono y, acompañado por los otros acusados, lo recogieron en coche y lo trasladaron por «un camino de tierra» a un lugar en el que «tras un cruce de palabras» y después de haber «revisado» a la víctima –según se indica en el escrito del fiscal– E.C.C. sacó una pistola, una nueve milímetros que llevaba oculta debajo de su ropa, «le apuntó, le dijo que tenía que aparecer lo suyo, que había sido él (refiriéndose al robo en su casa) y, finalmente, le disparó un tiro en la cabeza».
La bala impactó primero en la palma de la mano izquierda de D.V.A., que levantó «como gesto de protección», salió por el dorso y pasó por su mejilla izquierda para acabar penetrando en la cavidad craneal. Esta herida le causó la muerte «prácticamente de forma inmediata» e, instantes después, los acusados salieron huyendo del lugar, al que regresaron para recoger el teléfono y la cartera con la documentación personal de la víctima, que nunca apareció, al igual que el arma del crimen, para la que el acusado E.C.C. no tenía «permiso o licencia para su posesión».
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