En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, la titular de Sanidad insistió en que la Junta seguirá aplicando las medidas previstas en el ‘semáforo’ o acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para contener el COVID-19, una vez decaiga el estado de alarma, por lo que tendrán que llevar a órdenes de la Junta los cierres perimetrales o la limitación de la movilidad y pedir la autorización al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León.
Por ello, Verónica Casado evitó dar más detalles de las medidas que podría aplicar la Junta tras el 9 de mayo, pero lamentó que se tenga que no se haya hecho una modificación de la Ley de Salud Pública, que recordó es “preautonómica” y no prevé una pandemia. Esto, continuó, les obliga a tener que utilizar los acuerdos de la Junta cono base para aplicar restricciones.
Sin embargo, la titular de Sanidad apuntó que la Junta nunca ha recurrido a limitar los horarios de los comercios para frenar el avance del COVID, salvo en algunos municipios. De hecho, indicó que el adelanto a las 20 horas del toque de queda, más allá del "devenir" que tuvo en los tribunales, ayudó a su juicio a la reducción de los contagios, tras las Navidades, con una bajada "espectacular" de los casos.
Por ello, Verónica Casado insistió en que aplicarán las medidas previstas en el 'semáforo' y evitó ahondar más en los planes de la Junta, porque reiteró son cuestiones que deben ser "estudiadas" por los responsables jurídicos.
Además, la consejera indicó que a partir del fin del estado de alarma la Junta estudiará la conveniencia de que las provincias de Ávila y Zamora pasen a fase 3, pero alertó de los efectos que podría tener esta decisión ya que podría generar una “falsa sensación de seguridad”.
Actualmente, la Comunidad mantiene su actual cierre perimetral y el toque de queda para la limitación de la movilidad ciudadana nocturna, entre las 22 y las 06 horas de la mañana; además, las reuniones personales, tanto en espacios abiertos como cerrados, ya sean de uso público o privado, están limitadas a cuatro personas, con las excepciones de convivientes y de aquellas actividades con regulación específica.
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