El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanaedo acogió este jueves 30 de julio un nuevo maratoniano el pleno municipal (más de 6 horas de duración) correspondiente al mes de julio. Un pleno en el que salieron adelante numerosos puntos del día e incluso alguna por unanimidad, algo nada habitual y que ocurrió con la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago, que permitirá la puesta en valor de esta vía a su paso por el municipio y que permitirá, entre otras cuestiones burocráticas que a priori acelerarán plazos, la remodelación de la avenida Párroco Pablo Díez y el desarrollo de sectores del entorno como el Sunc-21. Una cuestión que venía tratándose desde hace más de una década y que finalmente ahora ve la luz.
Además el pleno aprobó también la liquidación del presupuesto de 2025, otra asignatura pendiente que se aprueba poco después de hacer lo propio con el de 2024 tras la incorporación de la nueva interventora. De esta forma el consistorio acerca la salida del Plan de Ajuste y aumentar la capacidad de inversión del mismo.
El servicio de aguas supuso uno de los puntos centrales del pleno, con la aprobación de la actualización del IPC en la tasa del agua, un 3,2% más, en la que supone la segunda subida del agua tras la del 38% del año pasado y que era la primera desde 2010, momento en el que se firmó un convenio con Aquona que viene ahogando al municipio, generando un déficit anual que supone la diferencia entre el coste del servicio y lo que los vecinos abonan por él. En 2023 la factura ascendió a 632.621,69 euros, se encontraba judicializada y ayer el propio pleno aprobaba su pago pese a las críticas al equipo de gobierno por no negociar con la empresa concesionaria del servicio un mejor acuerdo u otro tipos de actuaciones que mejoren un servicio por el que incluso algún edil calificó que se paga a «precio de Coca Cola».
También salió adelante el convenio con la Diputación de Albacete para que el ayuntamiento adopte un sistema informático desarrollado por esa institución que permitirá reducir el coste y mejorar la gestión documental del consistorio. Trifulca hubo, más de la esperada, con acusaciones incluso de chantaje sobre la autorización al técnico informático de la casa, interino, para poder desarrollar una actividad privada, que finalmente salió adelante.
Además, la oposición presentó una moción para defender la Semana de Teatro de Villabalter, cuya organización se encontraba presente en el pleno e incluso quiso intervenir, con el concejal de Cultura explicando la situación respecto a la misma, asegurando su «compromiso» con la misma y confiando en poder pagar lo antes posible factura adeudada de 2025 y que impidió su celebración este 2026. Del mismo modo, también se aprobaba otra moción para mejorar la seguridad vial en la LE-441 entre El Ferral y San Andrés. Además, la oposición ‘tiró de las orejas’ al equipo de gobierno respecto al asunto de la limpieza tras la llamada de atención del Procurador del Común. El concejal del ramo aseguró que a finales de agosto el municipio recibirá un nuevo camión de basura y que sigue adelante el proceso para contratar conductores.
Lo que no se aprobó fue el convenio referente a la gestión catastral, a pesar de que incluso secretario e interventora participaron explicando la no necesidad de unos informes que la oposición exigió para votarlo.
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