La alcaldesa Ana Caurel y el concejal de Personal Andrés Vidales mantuvieron este martes una reunión con parte de los trabajadores municipales para explicar la situación que impide el pago de las cerca de 300 nóminas del personal del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.
Durante el encuentro, Caurel detalló que el Consistorio ha cumplido con todos los trámites necesarios para cubrir la plaza de Interventor Interno, cuya designación corresponde en exclusiva a la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento propuso el nombramiento del candidato aprobado en el proceso convocado, pero, según denunció la regidora, la Junta ni ha procedido a su designación ni ha nombrado un interventor accidental, pese a que se solicitó hace once días.
“Sin interventor no se pueden pagar las nóminas, y su nombramiento es competencia únicamente de la Junta”, subrayó Caurel, que calificó la situación como “un bloqueo injustificado que responde a intereses partidistas” y que está “perjudicando gravemente a la plantilla municipal y a los servicios públicos”.
Desde la Junta se ha alegado que el tribunal del proceso de selección no sería válido al estar supuestamente formado en su mayoría por habilitados nacionales, un extremo que el Ayuntamiento niega y considera ajustado a derecho. “El problema no es jurídico, es político. Y mientras tanto, hay más de 300 familias sin poder cobrar su sueldo por una decisión deliberada de la Junta”, lamentó la alcaldesa, que exigió una solución inmediata.
El equipo de Gobierno considera inadmisible que una discrepancia “infundada” de carácter formal se utilice como argumento para paralizar la vida administrativa del tercer municipio de la provincia de León.
Policía Local de San Andrés
En paralelo, el equipo de Gobierno, junto al sindicato profesional de policías municipales de Castilla y León (SPPMCyL), que representa a la práctica totalidad de los 36 agentes, quiso enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de San Andrés del Rabanedo.
Aunque la jefatura de la Policía Local está vacante tras la jubilación de José Carlos Calvo y la anulación judicial del nombramiento de Alberto Ferrero, la organización del cuerpo se desarrolla con normalidad. Actualmente, las funciones se reparten entre los jefes de grupo, bajo la dirección última de la alcaldía o el concejal delegado.
Desde el Ayuntamiento de San Andrés se incidió en que la única preocupación de la plantilla de agentes es la misma que la del resto de empleados públicos: la falta de cobro de las nóminas, que depende directamente de que la Junta de Castilla y León nombre un interventor.