Tras el acuerdo para el nombramiento de un secretario accidental después de un mes bloqueo por la baja del titular de la plaza, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo pudo celebrar este viernes una sesión plenaria de carácter extraordinario y urgente. El objetivo fundamental era la aprobación inicial de la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transferencia, clasificación, tratamiento, valorización y eliminación de residuos urbanos.
Al igual que el resto de los municipios de la provincia de más de 5.000 habitantes, esta medida obedece a la decisión de la Diputación de disolver Gersul a partir del próximo 1 de enero. Serán por tanto estos ayuntamientos los que tengan que hacerse cargo del cobro de los recibos, mientras que la institución provincial seguirá prestando el servicio del CTR mediante convenios con cada uno de ellos.
La premura en la aprobación inicial de la ordenanza es que aún debe someterse a un periodo de información pública de 30 días hábiles antes de que reciba el visto bueno definitivo en otra sesión plenaria antes de que acabe el año para que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero. En caso de que la presentación de alegaciones o cualquier otro motivo impidiese que se culminase la tramitación a tiempo, el Ayuntamiento no podría cobrar la tasa y tendría que asumir con sus fondos el millón de euros que deberá pagar a la Diputación por la prestación del servicio en el CTR de San Román de la Vega.
En todo caso, la ordenanza mantiene por el momento la tasa que hasta ahora venía cobrando Gersul, por la que se ingresarán de 800.000 euros. Esa diferencia de 200.000 euros entre ingresos y gastos es lo que ha hecho que el interventor municipal haya emitido informe desfavorable sobre la ordenanza, ya que la ley establece que el coste de los servicios debe cubrirse con los ingresos que generan.
La ordenanza salió adelante con el respaldo de los seis concejales del equipo de gobierno de la UPL y la abstención de PP, PSOE, Vox, IU-Podemos y Ciudadanos, cuyo portavoz, Rafa Sánchez, defendió la necesidad de revisar el padrón de inmuebles –no se hace desde 2007– para tratar de elevar los ingresos y fomentar el reciclaje para reducir el volumen de residuos con el fin de lograr el equilibrio económico del servicio sin que las arcas municipales tengan que cubrir el déficit.
Y en la misma línea se pronunció la portavoz de IU-Podemos, Laura Fernández, quien criticó duramente además la «falta de transparencia» del equipo de gobierno por haber facilitado este mismo viernes la documentación sin tiempo suficiente para estudiarla. En todo caso, planteó la posibilidad se subir algo la tasa para que el Ayuntamiento no tenga que perder 200.000 euros que se podrían destinar a inversiones.
Por su parte, el portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, respaldó las intervenciones anteriores e insistió en que la abstención se debe a que, si no se aprueba la ordenanza, las arcas municipales asumirían el millón de euros que se tiene que pagar a la Diputación.
Mientras, el portavoz del PSOE, Benjamín Fernández, también criticó la tardanza en recibir la documentación pese a que algunos informes están fechados el pasado 30 de octubre. «Cuenten más con la oposición, no somos enemigos, tenemos ideas y podemos ayudar», argumentó el edil socialista.
Y la portavoz del PP, Noelia Álvarez, pidió también al equipo de gobierno más respeto hacia el resto de los grupos a la hora de convocar los plenos y remitir la documentación. Criticó además la gestión de la cobertura de la baja del secretario e insistió en la necesidad de actualizar el padrón de Gersul para incluir las viviendas que no figuran para igualar ingresos y gastos.
Finalmente, la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana María Fernández Caurel, cerró el debate y pidió disculpas por le retraso en la entrega de la documentación. «Somos nuevos, se trata de un asunto urgente porque hay que publicarlo en el BOP y en ningún caso hemos actuado de mala fe», defendió la regidora.