San Andrés del Rabanedo celebró este jueves el pleno municipal del mes de noviembre, el penúltimo del año, con el tiempo echándose encima del equipo de gobierno de UPL para liquidar el presupuesto de 2024 antes del 31 de diciembre y que su presentación no conlleve consecuencias económicas para el municipio en forma de retención de tributos del Estado, lo que terminaría de condenar una economía ya más que ajustada.
IU-Podemos presentaba una moción de urgencia para instar a la alcaldesa a realizar las gestiones necesarias para cumplir con la normativa, que como en casi todas las gestiones que tienen que ver con el ayuntamiento, pasan por la ausencia de interventor. El PP volvió a acusar a la alcaldesa de no acatar la orden de la Junta para reiniciar el proceso y poder contar con alguien para ese puesto, defendiendo una vez más Ana María Fernández Caurel que el concurso se había hecho como tocaba.
En ese sentido las nóminas de este mes de noviembre de los trabajadores municipales también llegarán por el momento con retraso y sin fecha clara para cobrar reconociendo la alcaldesa que aún ayer se había pasado a un informe económico que no está muy claro quién va a hacer y es que si bien el consistorio contaba con incorporar a un interino de la bolsa «ya no está».
La ausencia de interventor vuelve a paralizar el ayuntamiento en múltiples cuestiones, en general todas aquellas que dependen de que los asuntos vayan a Junta de Gobierno. La falta de personal y la ausencia de capacidad de inversión ante un plan de ajuste del que por otra parte, se informó en el pleno de su buena marcha aunque reconociendo UPL no haber solicitado aún una reunión con Hacienda para flexibilizarlo, continúan siendo los argumentos esgrimidos por el equipo de gobierno para su inacción en diferentes frentes. Por ejemplo, salieron adelante tres mociones de Vox para la reforma o la creación de diferentes ordenanzas municipales que, como señaló el representante del PSOE, «quedarán en un cajón, como todo lo que se aprueba aquí». Las tres presentadas salieron adelante si bien reconociendo la imposibilidad de sacarlas adelante, esgrimiendo el equipo de gobierno la carga de trabajo de los empleados municipales y reconociendo el resto la imposibilidad de, por ejemplo, ofrecer la reducción de las multas por pronto pago mientras continúe el plan de ajuste.
Otras dos mociones, más allá de las de urgencia que incluyeron la reprobación (una más) de un concejal de UPL, en este caso el de Educación Bruno Gastó, a propuesta de IU-Podemos y debido a su asuencia en los Consejos Escolare y la «falta de diálogo» con los centros educativos, fueron aprobadas por unanimidad en el pleno. Por un lado, una para instar al consistorio a solicitar a la Junta de Castilla y León alguna subvención para arreglar el pabellón César Álvarez y otra para la creación de una feria de mascotas y animales de compañía, ambas a petición del representante de Ciudadanos.