En otra larga y tediosa mañana solo rota por los enfrentamientos verbales entre los concejales, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo acogió un pleno ordinario del mes de marzo de cerca de cinco horas y media de duración que no hizo otra cosa que evidenciar una vez más la ingobernabilidad del municipio al ser incapaz el equipo de gobierno de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ya no de llegar a acuerdos con la oposición para poder sacar adelante cuestiones básicas para el funcionamiento del consistorio, sino para ni siquiera cumplir con las condiciones puestas para poder hacerlo.
De esta forma, por tercera vez en lo que va de legislatura, el pleno tumbó la tasa de basuras al no haber conseguido desarrollar un convenio con las juntas vecinales del municipio que las exonerase de su pago, condición que las dos ocasiones previas había puesto la oposición para apoyar la ordenanza.
PP, PSOE e IU-Podemos votaron en contra de una propuesta que solo apoyó el concejal de Ciudadanos y que contó con la abstención de Vox y la concejal no adscrita, un punto que generó como era de esperar numerosas críticas. Laura Fernández, concejala de Izquierda Unida, amenazaba con llevar el asunto a los tribunales si salía adelante asegurando que la cuestión era «nula de pleno derecho» al señalar la ausencia de interventor en la comisión de Hacienda, de la que UPL se defendió asegurando que la tesorera del municipio «ha trabajado de interventora en otros ayuntamientos y considera que no es necesario».
Sin embargo, la principal crítica de la oposición tuvo que ver con la falta de ese convenio con las juntas vecinales que el secretario del ayuntamiento aseguró que ni siquiera había comenzado a tramitarse, unas declaraciones que el Partido Popular señaló como «demoledoras» en palabras de precisamente una de las pedáneas, María Amparo García, presidenta de la Junta Vecinal de San Andrés y que lamentó la inacción del concejal encargado del área por no reunirse con ellos para alcanzar un acuerdo y «sacarse de la manga» la propuesta de 14.000 euros que conocieron por la filtración a un medio de comunicación procedentes del crédito extraordinario. La crítica pasó por el «desprecio, abandono y ninguneo» a unas juntas vecinales que aseguraron «se supone que se defienden especialmente en UPL» citando incluso a la alcaldesa Ana María Caurel palabras del secretario general de su partido, Luis Mariano Santos. La alcaldesa dejó claro que la no aprobación de esta tasa supone incumplir con el plan de ajuste adelantando la posible entrada en la cuestión del Tribunal de Cuentas, señalando que la aprobación de la tasa «no debe ir vinculada a otras cuestiones» y echando en cara a los grupos que en su día no se firmase ese convenio con las juntas «incluso siendo todas y el equipo de gobierno del mismo color» negándose en cualquier caso a dejar el asunto sobre la mesa hasta la redacción del citado acuerdo.
La cuestión de las juntas vecinales derivó en la aprobación con la única negativa de UPL y la abstención de Ciudadanos de la reprobación del concejal encargado de las mismas, Alejandro Calvo, curiosamente vocal de la de Trobajo en una iniciativa de urgencia a proposición del PP «por su falta de compromiso con ellas». No salió adelante la urgencia, por otra parte, de rechazar las alegaciones impuestas a la tasa del agua para su publicación en el BOP y poder comenzar a cobrarla, algo que deberá esperar.
Pagos a proveedores
Tampoco logró sacar adelante el equipo de gobierno el punto que llevaba al pleno relacionado con el reconocimiento extrajudicial de deuda por valor de más de 270.000 euros, lo que impedirá que más de 46 acreedores puedan cobrar facturas pendientes con el consistorio. El motivo para rechazar el expediente, según criticó la oposición, fue la inclusión en el mismo lote «de un popurrí» de facturas correctas y otras que contaban con reparo, que en algunos casos según el informe «eluden el proceso de contratación» o «no tienen asignación presupuestaria». Caurel explicó que para el equipo de gobierno «todas las empresas son iguales» asegurando que en otros ayuntamientos «se hace así» y que se firman numerosas cuestiones con reparo «incluidas las nóminas, lo que permite que la gente cobre».