Salguero ve "preocupante" el informe del interventor y compromete "transparencia y claridad absoluta"

Cascada de reacciones ante el demoledor informe del interventor de la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León (Serfunle) en el que exige la anulación del contrato adjudicado en el año 2003 a la empresa Mémora para que formara parte de la sociedad mixta (49%) por incluir el cobro de un canon de gestión que no figuraba en los pliegos de licitación.

El presidente de la mancomunidad y teniente alcalde del Ayuntamiento de León, Fernando Salguero, ha asegurado en declaraciones a este periódico que el informe del interventor refleja "extremos preocupantes" que han de ser sometidos a "valoración jurídica". Ha recordado además que se han solicitado también informes al secretario del consejo de administración de la empresa mixta y a la secretaria y al asesor letrado de la mancomunidad.

Salguero ha explicado que este jueves se celebra una asamblea de concejales de la mancomunidad para analizar las actas de la Agencia Tributaria referidas a las problemáticas deducciones del IVA y del Impuesto de Sociedades por parte de la empresa mixta durante 2011 y 2012 y también el informe del interventor solicitado a raíz de las mismas. El presidente de la mancomunidad ha apostado por esperar a los tres informes aún pendientes, pero ha destacado que el del interventor, que es un órgano "importantísimo", refleja cuestiones "complicadas" que se retrotraen al momento de la adjudicación del contrato.

Ha detallado además que la nulidad de pleno derecho que pide el alto funcionario requiere la apertura de un expediente de revisión del proceso tras la correspondiente valoración por parte de los servicios jurídicos. "Queremos que haya transparencia y claridad absoluta. Es un tema que hay que clarificar y darle legalidad", apuntó antes de asegurar que los servicios funerarios no se van a ver afectadas por esta polémica.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, ha dejado claro en primer lugar que el duro informe del interventor "se refiere a cuestiones técnicas y no políticas" y ha apostado por esperar a que se conozcan todos los informes solicitados antes de tomar las "decisiones oportunas" por parte de la mancomunidad. Ha admitido en todo caso que el del interventor es un informe "duro", al igual que las actas de la Agencia Tributaria sobre la fiscalidad de la empresa mixta.

Además, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Gemma Villarroel, ha emitido un comunicado en el que exige que se "someta a juicio" la relación entre Serfunle y Mémora y que se haga un estudio "exhaustivo" de los servicios y pagos que han prestado desde su adjudicación del contrato. La formación naranja recuerda que el asunto ha salido a la luz por el canon de gestión que se paga a Mémora, que ha supuesto un desembolso aproximado de diez millones de euros. "Ahora el interventor dice que ha sido pagado de forma ilícita y pide que Serfunle reclame a Mémora la devolución de dicho canon , al no estar establecido en las cláusulas iniciales de los pliegos y no poder justificar el socio privado los servicios prestados para su cobro", apunta Villarroel.

Aunque apuesta por conocer antes los tres informes pendientes, Ciudadanos ya habla de someter a estudio la prestación de los servicios funerarios, valorando entre otras opciones la municipalización de los mismos. "Con esto pretendemos poner orden y legalidad, además de recuperar para los leoneses un servicio esencial de la ciudad que se ajuste a un coste real", concluye.

También se ha referido a esta polémica el portavoz de León Despierta, Óscar Fuentes, quien ha tildado de "muy graves" las consecuencias del informe del interventor de la mancomunidad. Habla incluso de una presunta "prevaricación", ya que se habla de una "decisión injusta a sabiendas con una intención muy clara". "Habría que ver si los técnicos actuaron por iniciativa propia o a instancias de alguien, pero si se confirman estos hechos habría que pedir la inhabilitación de los responsables", apunta.

El concejal de León en Común, Santiago Ordóñez, ha asegurado que el informe del interventor viene a corroborar las denuncias efectuadas por su formación desde el inicio del mandato. Ha agradecido que Salguero pidiese los informes y ha defendido que el del interventor es "demoledor". Ha considerado en este sentido que la primera medida debería ser la expulsión de Mémora de la empresa mixta. Además, ha apostado por pedir responsabilidades a técnicos y políticos y ha instado al Ayuntamiento de León a llevar este informe a la Fiscalía en caso de que no lo haga el Tribunal de Cuentas. "Esto tiene que ir al juzgado porque es un fraude directo a los vecinos de León", ha afirmado antes de lamentar que Mémora se lleve el 75% de los beneficios de Serfunle pese a que su matriz está en Luxemburgo y no paga impuestos en España.

Finalmente, el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, ha reclamado la elaboración de una auditoría externa sobre la gestión de Serfunle y ha apostado por "depurar responsabilidades" y dar mayor transparencia al funcionamiento de la mancomunidad y la empresa mixta.