El cierre del embalse de Riaño, en diciembre de 1987, marcó un antes y un después para Remolina. Entre sus consecuencias estuvo la necesidad de resolver las comunicaciones de la localidad, una cuestión que dio lugar a distintas reclamaciones para construir un nuevo puente sobre el Esla. La solución llegó a tomar forma sobre el papel, con presupuesto y tramitación ambiental, pero nunca se materializó. Casi cuatro décadas después del cierre del pantano, la Junta Vecinal sigue reclamando a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que recupere aquella actuación y dé respuesta a un problema que considera también de seguridad.
La reivindicación ya había llegado a las Cortes de Castilla y León en febrero de 1998. El Boletín Oficial de la Cámara recogía entonces una Proposición No de Ley del procurador de Izquierda Unida José Luis Conde Valdés que instaba a reclamar un nuevo puente. La iniciativa describía los problemas del paso existente cuando se abrían los aliviaderos de la presa y las dificultades de visibilidad y circulación en el camino alternativo, propiedad de la CHD.
1,85 millones de euros
El avance más importante llegó el 29 de agosto de 2007, cuando la CHD anunció la apertura del periodo de información pública del proyecto del nuevo puente sobre el Esla, en el término municipal de Crémenes. La actuación contaba con un presupuesto de 1.850.000 euros y un plazo de ejecución de doce meses, una vez completados los trámites administrativos y las aprobaciones correspondientes.
El diseño situaba la infraestructura 350 metros aguas abajo de la presa de Riaño y contemplaba una estructura de 95 metros de longitud y nueve de anchura, con dos carriles, arcenes y aceras. También incluía los accesos desde ambas márgenes: 371 metros desde la N-621 y otros 718 desde la carretera local de Remolina. El nuevo paso permitiría salvar el canal de la central hidroeléctrica y el río Esla, sustituyendo al puente existente, que la propia CHD describía como «muy deteriorado».
El proyecto obtuvo declaración de impacto ambiental favorable mediante la Orden ARM/1964/2008, publicada en el BOE el 8 de julio de aquel año. El documento reconocía que el paso actual, «tanto por su ubicación como por sus características estructurales y estado de conservación, presenta deficiencias en materia de funcionalidad y seguridad al tránsito». La solución técnica contemplaba además que los estribos y la pila central quedasen «fuera tanto del cauce del río Esla como del canal de descarga de la presa de Riaño».
Pese a superar estas fases, las obras nunca se ejecutaron. Según explica la Junta Vecinal, el proyecto fue licitado y adjudicado a la empresa ACIS, pero la quiebra de la mercantil impidió llevarlo a término.
Un acceso que preocupa
La situación del puente actual sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación. En un escrito remitido a la CHD el 21 de septiembre de 2024, la Junta Vecinal recordaba que tiene más de tres cuartos de siglo de antigüedad y que su deterioro se vio agravado por el paso de camiones pesados durante la construcción del pantano. También señalaba que continúa siendo utilizado por vecinos, vehículos particulares y trabajadores de la central hidroeléctrica y del mantenimiento del embalse.
La entidad local advertía especialmente del riesgo de aislamiento ante una crecida o un desembalse. «La fuerza del agua por los aliviaderos derrumbaría irremediablemente el puente», sostenía en el escrito, en referencia a las consecuencias que podría tener una apertura de los desagües por rápidos deshielos o crecidas.
La reclamación solicitaba recuperar el proyecto, conocer su situación administrativa y estudiar posibles mejoras. También vinculaba el nuevo puente a dos necesidades: facilitar el paso de vehículos pesados y conseguir una parada de la línea de autobuses de ALSA en la localidad.
La respuesta de la CHD, fechada en septiembre de 2024 y registrada con la referencia PRES-0108/2024, señalaba que seguía estudiando la posibilidad de construir un nuevo puente. El organismo explicaba que analizaba el funcionamiento del aliviadero lateral de la presa con el apoyo de la Dirección General del Agua y del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), para determinar sus posibles afecciones y promover después las actuaciones necesarias.
Esta contestación abrió una discrepancia con la Junta Vecinal, que considera que la existencia de un proyecto redactado y con declaración ambiental favorable debería permitir avanzar en su recuperación, en lugar de volver a situar la actuación en fase de estudio.
Reclamación al Defensor del Pueblo
La entidad local volvió a dirigirse a la Confederación el 5 de septiembre de 2025 para solicitar el expediente del proyecto y conocer los motivos del retraso. En su escrito advertía de que «lo dilatado del proyecto demora la realización de planes de futuro para Remolina», además de mantener los problemas de seguridad y las dificultades para conseguir la parada de autobús.
La reclamación llegó también al Defensor del Pueblo, que comunicó el 7 de enero de 2026 la inadmisión a trámite de la queja inicial al considerar que «no se aprecian indicios de irregularidad», según la información trasladada por la Junta Vecinal.
La pedanía solicitó la reapertura del expediente 25037411 mediante un nuevo escrito, firmado el 18 de febrero de 2026. En él aportó la declaración ambiental de 2008 y cuestionó que la CHD hablase de estudiar la posibilidad de construir el puente cuando ya existía un proyecto que contemplaba incluso la ubicación de sus apoyos fuera del cauce y del canal de descarga de la presa.
El escrito también recordaba la adjudicación a ACIS y sostenía que la quiebra de la empresa no debería haber supuesto abandonar la actuación. Entre las peticiones al Defensor del Pueblo figuraban la reapertura de la queja, la solicitud del expediente del proyecto y la comprobación de lo sucedido con aquella adjudicación. La pedanía calificaba la situación de «negligencia grave».
Un proyecto pendiente
La historia del puente de la localidad de Remolina ha pasado por la reclamación parlamentaria de 1998, el proyecto sometido a información pública en 2007, la declaración ambiental favorable de 2008 y una adjudicación que, según la Junta Vecinal, quedó frustrada por la quiebra de la empresa. Sin embargo, la infraestructura continúa sin construirse.
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