De este modo, tras obtener la información que se consideró necesaria, la Defensoría trasladó a la Junta de Castilla y León y a las diputaciones provinciales una serie de recomendaciones. En cuanto al Gobierno autonómico, el Procurador del Común recomendó que, en ejercicio de las competencias en materia urbanística y de uso de territorio, se impida su implantación en suelos rústicos que dispongan de algún tipo de protección reconocida por el carácter agropecuario de los terrenos para que sigan manteniendo ese destino.
En esta misma línea, también se recomendó que se niegue la autorización de uso excepcional en suelo rústico para la generación de energía solar en aquellos terrenos que hayan recibido algún tipo de inversión pública como, por ejemplo, para la construcción de infraestructuras de regadío o la modernización de las explotaciones agrarias existentes. En el caso de los proyectos de generación de energía fotovoltaica que se pretendan instalar en terrenos de propiedad de ayuntamientos o juntas vecinales, se aconsejó a las Diputaciones provinciales que, en aquellos expedientes que sea necesaria su autorización, se asegure de que se cumplen los requisitos exigidos en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, comprobando que está justificada la inviabilidad económica del aprovechamiento agropecuario tradicional de los terrenos correspondientes y que resulta de interés la adjudicación a un tercero para la instalación de plantas de producción fotovoltaica mediante el pago del precio acordado.
Contrariamente, en caso de que la entidad local titular de los terrenos de naturaleza comunal no acredite la inviabilidad del uso primario, la Diputación provincial debería denegar la autorización solicitada. Ese mismo criterio, es decir, la viabilidad o no del uso primario de los terrenos, es el que el Procurador del Común consideró que debe guiar las decisiones que adopte la entidad local respecto de los que tengan naturaleza patrimonial en el momento de decidir sobre el eventual cambio de uso de aquellos en favor de la cesión para la producción de energía fotovoltaica.
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