La fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en el que concurre la circunstancia agravante de reincidencia, ya que el acusado ya había sido ejecutoriamente condenado, entre otras, a una pena de dos años de prisión. Teniendo esto en cuenta, le reclama cuatro años de cárcel por este delito, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y multa de 22.868 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada cien euros impagados, además del abono de las costas. Respecto a la droga intervenida, interesa que una vez sea firme la sentencia sea destruida en su totalidad, en el caso de que esto no se hubiera hecho con anterioridad.
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