La Junta Electoral Central ha rechazado la solicitud de Unión del Pueblo Leonés (UPL) para participar en los debates electorales autonómicos, pese a que la formación conforma grupo parlamentario propio junto a Soria ¡Ya! en las Cortes de Castilla y León. La decisión ha motivado la presentación de una reconsideración formal por parte del Grupo Parlamentario UPL–Soria ¡YA!, que defiende su derecho a intervenir en igualdad de condiciones.
La candidata de UPL a las Cortes, Alicia Gallego, afirmó que la resolución no responde únicamente a un criterio administrativo. Según indicó, la formación había propuesto una fórmula que, a su juicio, se ajustaba a la doctrina de la propia Junta Electoral: participar con un único interviniente por debate, sin alterar el número total de participantes ni generar duplicidades.
El grupo parlamentario está integrado por seis procuradores y se constituyó reglamentariamente al inicio de la legislatura. Desde UPL se subraya que la Ley Electoral vincula la participación en debates a la existencia de grupo parlamentario propio, requisito que, sostienen, se cumple en este caso.
En el acuerdo adoptado por la Junta Electoral Central se recoge que Partido Popular y Vox presentaron alegaciones contra la reclamación de UPL. La formación leonesista considera que ese extremo evidencia la existencia de oposición política a su presencia en los debates.
El debate se produce en el contexto de la campaña autonómica y en un escenario marcado por la reivindicación territorial del leonesismo. UPL enmarca su exclusión en una crítica más amplia al actual modelo autonómico. La formación sostiene que, desde la constitución de la comunidad autónoma, la Región Leonesa ha perdido más de 170.000 habitantes, de los cuales cerca de 80.000 corresponderían a la provincia de León, y denuncia décadas de retroceso demográfico, cierre de servicios e infraestructuras pendientes.
Desde el grupo parlamentario insisten en que su reclamación busca “restablecer el principio de pluralismo político” y permitir la participación en los debates en condiciones de igualdad. La reconsideración presentada deberá ser resuelta por la propia Junta Electoral Central.