Rafael Catalá: "No creemos en el modelo de concentrar los órganos judiciales en las capitales"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue invitado de excepción en la toma de posesión del nuevo alcalde de León el pasado sábado. Un día antes, había clausurado en la capital las Jornadas de la Fe Pública Judicial. Asumía la cartera tras la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón el 23 de septiembre de 2014. Anteriormente, y desde diciembre de 2011, fue secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras del Ministerio de Fomento con Ana Pastor. Entre los años 2002 y 2004 fue secretario de Estado de Justicia en el Departamento que dirigía José María Michavila.

–Defendía el viernes en la clausura de las Jornadas de Fe Pública Judicial la necesidad de seguir trabajando por una Justicia de más calidad y daba una importancia primordial a las nuevas tecnologías. ¿Cómo va esa implantación?
–Toda reforma de la Justicia pasa por tres ejes fundamentales. Reformas legislativas; porque siempre hacen falta leyes adaptadas a la nueva realidad económica, nueva realidad social, nuevos tipos delictivos… Pero no basta con hacer leyes, hace falta por otra parte contar con los medios personales suficientes, la Justicia la imparten profesionales y por lo tanto hay que tener las plantillas adecuadas. Esos son los dos ejes fundamentales con los cuales se ha trabajado tradicionalmente. Nosotros queremos aportar un tercer elemento, un tercer eje, a las políticas y por lo tanto a las reformas, y ese es el de las nuevas tecnologías. En el ámbito de la Justicia seguimos trabajando con procedimientos muy tradicionales basados en el papel, y por eso estamos haciendo un esfuerzo importante en poner mucha importancia en la incorporación de las tecnologías. Por ejemplo, en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que está en el Parlamento, se establece un pacto obligatorio que es hasta el 1 de enero de 2016 como fecha a partir de la cual todas las comunicaciones judiciales sean electrónicas. Pero no solo eso, eso significará también que el expediente judicial tendrá un soporte de gestión procesal en una aplicación informática, que los abogados podrán entrar mediante una aplicación al expediente y conocer el estado de situación del mismo, podrán presentar documentos a ese expediente... y esa manera de actuar implica, lógicamente, que no hay que ‘trabajar’ en horario de oficina, se puede trabajar los 365 días del año 24 horas al día, y por lo tanto, tener esa flexibilidad en la gestión procesal. Y también un último tema, yo creo que estamos ya acostumbrados por ejemplo a recibir un SMS de la Agencia Tributaria que te notifica que tienes tu borrador de la renta; bueno, pues eso que ya está normalizado, queremos también desarrollarlo para que las notificaciones, fijación de plazos... se haga también por SMS. Todo eso forma parte del proyecto en el que estamos trabajando y yo confío en que a lo largo de este año 2015 iremos poniendo en marcha experiencias piloto, iremos haciendo pruebas, y llegaremos a 2016 con la posibilidad de utilizar todas estas herramientas en la Justicia.

Nosotros queremos aportar a las reformas legislativas y a las mejores dotaciones de medios personales un tercer eje, el de las nuevas tecnologías–Las nuevas tecnologías pueden contribuir a aliviar la congestión, pero ¿los recursos humanos disponibles son suficientes?
–Bueno, este año hemos incrementado la planta judicial en 282 plazas de jueces, 66 plazas de fiscales, y hemos convocado una oferta de empleo público de 2.023 plazas de funcionario. O sea que estamos haciendo un esfuerzo también en materia de personal. Pero yo creo que seguro que hay casos puntuales en los que hay juzgados muy sobrecargados, y por lo tanto habrá que, o bien reforzarles, o nombrar un sustituto, o crear un juzgado nuevo, eso son alternativas que estudiamos y que valoramos. Pero también creemos que los modelos organizativos tradicionales, en los que cada juzgado constituía una unidad administrativa propia, son modelos a superar. Estamos trabajando en un concepto de la oficina judicial y los servicios comunes de tal manera que el apoyo administrativo sea horizontal, sea para todos los juzgados de una capital, como León por ejemplo, eso mejora la eficiencia y la calidad. En materia Penal, tanto la reforma de la Ley del Código Penal como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal va a reducir la carga de trabajo de los jueces, porque los asuntos de menor cuantía (faltas) se despenalizan, pasan al ámbito administrativo, porque todos los asuntos sin autor conocido no irán al juzgado de la Fiscalía sino que se quedarán también en el ámbito administrativo, y porque simplificamos también la tramitación procesal de los temas penales. Todo eso favorece la actuación de los jueces. También vamos a aprobar en unas semanas una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, que significa básicamente que hay una serie de procesos que históricamente hemos confiado a los jueces, por ejemplo, celebrar matrimonios, que no tienen que ser los jueces los que hagan esa labor, lo pueden hacer los secretarios judiciales, los notarios, los registradores… La Ley de Jurisdicción Voluntaria va a permitir que los profesionales del mundo del Derecho que tienen una capacitación más que acreditada puedan desempeñar una serie de funciones que hoy son exclusivas de los jueces, por lo tanto es otra manera también de que los jueces se dediquen al núcleo básico de dictar sentencias. Y por otra parte, para terminar ya con ese enfoque, también estamos potenciando los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos. Estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos cualquier litigio comercial, personal, o cualquier tipo de conflicto, vamos al juez. Cada vez estamos intentando más, sobre todo en el ámbito de las empresas, pero también en el ámbito de las relaciones personales, que existan mecanismos de mediación, de arbitraje, y que de esa manera la resolución de conflictos no pase necesariamente por un juicio.

–Nuevas tecnologías, recursos humanos… pero su primera visita a León fue a Ponferrada para la inauguración de los nuevos juzgados. Respecto al número de juzgados que existen en la provincia, ¿es el suficiente?
–Estamos trabajando con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en estos asuntos. El CGPJ es quien hace la estadística judicial que sirve para hacer el diagnóstico de la situación. ¿Qué es lo que nos encontramos? Por ejemplo, que los juzgados de lo Social o de lo Mercantil tienen una alta carga de trabajo. Tiene mucho que ver con una situación coyuntural como ha sido la crisis económica, pero también, por todo el conjunto de reformas que se han ido llevando a cabo, esa situación está empezando a remontar. Por lo tanto yo confío en que esa sobrecarga que actualmente pueden tener los juzgados sociales o mercantiles sea muy temporal y en el medio plazo se resuelva. Si no es así, como digo, el ejercicio de planificación y de seguimiento continuado es una actividad permanente. Nosotros también es verdad que vemos la parte contraria, hay juzgados que están por debajo de la carga de trabajo ‘ideal’ y se puede plantear una reorganización de los juzgados. Hemos tenido esta primera mitad del año una actividad legislativa muy importante, teníamos que promover las reformas legislativas para conseguir que antes de que finalice este periodo de sesiones del Parlamento actual se pudiesen aprobar el mayor número de reformas posibles, en el segundo semestre del año vamos a trabajar en este ejercicio de planificación que puede llevar a la creación de nuevos juzgados, que es una decisión que en estos momentos no tenemos tomada todavía.

–¿Y en esa segunda mitad del año, volverá el debate sobre la reducción de los partidos judiciales?
–No, en absoluto. En esta legislatura hemos decidido dejar de lado ese planteamiento. Trabajamos en mejorar la eficiencia, la eficacia, la calidad, en aprovechar mejor los recursos… Ahora, cuando algunos piensan que la manera de mejorar la eficiencia es concentrar a nivel de capital de provincial los órganos jurisdiccionales, eso es un modelo, y es un modelo en el que no creemos, entre otras cosas porque esas soluciones se olvidan de aspectos tan importantes como es la cercanía al ciudadano, que el poder judicial esté cercano al ciudadano es un valor importante que hay que ponerlo encima de la mesa, junto con el de la calidad y junto al de la eficacia. Y hay un segundo principio también que a mí me parece muy importante que es la presencia de los poderes del Estado en todo el territorio. En provincias como León, de una gran extensión del territorio y una diseminación de la poblaciones, también los poderes del Estado tienen que tener presencia en el territorio. Eso puede tener un coste adicional, pero que en mi opinión, es asumible y merece la pena por esa presencia institucional en el territorio y por esa cercanía al ciudadano. No quita para que algunas órdenes jurisdiccionales, los Juzgados de Violencia, por ejemplo, se puedan concentrar en la capital. O el Juzgado de lo Mercantil. Hay soluciones mixtas, equilibradas.