La reclamación de la Plataforma para que haya un mayor control de estos casos no solo fue trasladada al Procurador del Común, sino que también a otras instituciones, con cartas directas al consejero de la Presidencia (en el anterior mandato era José Antonio De Santiago-Juárez), al gerente de Salud del Área de León, Francisco Pérez Abruña y al consejero de Sanidad (hasta hace escasas fechas era Antonio María Sáez Aguado).
A la Gerencia corresponde la apertura de los procedimientos sancionadores oportunos, cuando se detecten presuntas irregularidadesAunque desde la Consejería no se quiso atender al requerimiento del procurador, sí lo hizo el gerente provincial de Sacyl, quien explicó que la Inspección General de Servicios "tiene establecido un procedimiento protocolizado en el que tanto esta Gerencia como el centro sanitario donde presta sus servicios el trabajador informa de las distintas cuestiones recogidas en el mismo, resolviendo posteriormente de manera afirmativa o negativa la citada Inspección". "Por tanto, el rigor en el reconocimiento de las compatibilidades viene avalado por el propio protocolo", argumentaron desde este servicio.
También apuntaron que a la Gerencia "le corresponde la apertura de los procedimientos sancionadores oportunos, cuando se detecten presuntas irregularidades que vulneren la normativa establecida al efecto y para ello, actúa en su caso de oficio o a instancias de parte a la hora de sancionar las posibles infracciones que se observen en la conducta de los profesionales".
Por último, el gerente destacó que "toma nota" a la vez que instó a la Plataforma a que si es conocedor de algún caso en concreto, informe de ello.
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