Que la edad no prive a ningún enfermo a recibir su tratamiento

El Procurador del Común se dirigió a la Consejería de Sanidad para conocer si hay protocolos de actuación respecto el esfuerzo terapéutico destinado a los mayores de ochenta años, con objeto de priorizar la atención de quienes tuvieran, en razón de la edad, mayor esperanza de vida, al tiempo que le solicitó la realización de “todos los esfuerzos humanamente posibles para que no se prive a ningún ciudadano del tratamiento requerido para curar la enfermedad, con independencia de la edad”.

Con posterioridad al inicio de esta actuación de oficio promovida por el Procurador del Común, el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer un Informe sobre Aspectos Éticos en Situaciones de Pandemia: el SARS-Cov.2, que incide en las cuestiones consideradas por la Defensoría para que las decisiones que se adopten estén presididas por los principios de equidad, no discriminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia.

Con referencia a los especiales problemas que se derivan de la pandemia, el Procurador también actuó de oficio para conocer si hay una particular prevalencia de la infección por Covid-19 y con qué efectos en el medio rural, teniendo en cuenta las condiciones de dispersión demográfica, envejecimiento y afectación pluripatológica de una parte importante de la población que reside en los municipios rurales de la Comunidad, así como el desplazamiento que muchos ciudadanos han hecho desde las ciudades hacía los pueblos durante la situación de confinamiento, con objeto de que la administración sanitaria haga una descripción y valoración de los medios humanos y materiales que está empleando para prestar el servicio de salud en el medio rural en las actuales circunstancias.

Por último, otra de las actuaciones recientemente promovidas por el Procurador del Común se justifica en las dificultades a las que tienen que enfrentarse los estudiantes de los diferentes niveles educativos medios y superiores que, una vez suspendida la actividad educativa presencial, han regresado a sus pueblos, para confinarse en sus casas, desde las que han de continuar su formación y, en su caso, someterse a la evaluación de conocimientos, en muchos casos con escasos medios tecnológicos y, sobre todo, cuando se trata de pequeñas localidades, con el inconveniente que supone carecer de conexión a internet o ser de mala calidad.

Sobre estas situaciones, el Procurador del Común ha llamado la atención de la Consejería de Educación y de las cuatro Universidades públicas de la Comunidad para que arbitren las soluciones que garanticen el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades de estos alumnos.