Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos, en busca y captura

La jueza cursa la orden europea de detención y entrega que le solicitó la Fiscalía contra el expresidente de la Generalitat

ABC-es
03/11/2017
 Actualizado a 18/09/2019
Carles Puigdemont graba un mensaje en Bruselas. | ABC
Carles Puigdemont graba un mensaje en Bruselas. | ABC
En busca y captura. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha cursado este viernes la orden europea de detención y entrega que le solicitó la Fiscalía contra Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en su huida de la justicia en Bélgica. Se inicia con este paso el proceso para traerles de vuelta a España, donde serán interrogados. La magistrada, que ordena el ingreso en prisión de los fugados, también ha dictado una orden de busca y captura nacional e internacional contra todos ellos, a través de la Policía Nacional, la Guardia Civil e Interpol.

El Ministerio Público pidió este jueves el arresto del expresidente de la Generalitat y los antiguos gobernantes catalanes Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí. La Fiscalía lo solicitó después que ninguno de ellos acudiera a la Audiencia Nacional, donde estaban citados, imputados por rebelión, o sedición, y malversación. Los nueve líderes independentistas que acudieron al tribunal durmieron ayer en dos prisiones de Madrid.

La orden europea dictada por la juez de la Audiencia Nacional será resuelta por un tribunal belga, sin que los gobiernos de ambos país intervengan. Este proceso, en caso de que se estiren todos los plazos y agoten los recursos, puede alargarse hasta sesenta días, según informaron a ABC fuentes jurídicas.

La resolución de la magistrada acuerda también el ingreso en prisión de Puigdemont ante la evidencia de que existen los riesgos que el encarcelamiento preventivo busca impedir: que los investigados se fuguen, destruyan pruebas o reiteren en los delitos imputados.

Tampoco existe la opción de que los huidos declaren por videoconferencia, una opción que las leyes procesales penales permiten para los imputados o testigos por "razones de utilidad, seguridad o de orden público". Lamela explica que Puigdemont y los consejeros que pidieron declarar de esta forma no alegaron ningún motivo concreto y ni siquiera aportaron un paradero conocido.
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