El Grupo Socialista prevé registrar la próxima semana en las Cortes la proposición de ley de reforma de la actual ley de Publicidad Institucional, que aprobó la cámara a finales de junio, convirtiéndose en la primera norma en la etapa autonómica que saca adelante la oposición en contra de la voluntad del PP.
Según informan a Ical fuentes socialistas y como avanzó en Soria el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, la propuesta legislativa del Grupo Socialista ya está redactada y se presentará previsiblemente la próxima semana con el objetivo de que se pueda tramitar por la vía de urgencia, lo que acorta los plazos a la mitad, y aprobarse antes de que termine la undécima legislatura.
En concreto, los socialistas pretenden aclarar, según explican, el límite establecido en la norma que impide que la publicidad institucional de la Junta y el resto de administraciones y entidades de la Comunidad supere el 33 por ciento de la cifra de negocio anual de los medios de comunicación. El objetivo sería vincular ese porcentaje a los fondos que distribuye el Ejecutivo autonómico.
En julio, el Grupo Socialista ya expresó su voluntad de corregir esta cuestión en la norma aprobada por las Cortes ante las quejas expresadas desde el Colegio de Periodistas de Castilla y León y algunas empresas. De hecho, planteó una enmienda transaccional durante el trámite parlamentario que no fue aceptada por el PP, por lo que no pudo matizarse el límite fijado, lo que les llevó a anunciar una nueva proposición de ley.
Tras su entrada en vigor y aplicación desde septiembre, un total de 32 empresas, que representan a 48 medios de comunicación, han recurrido en los tribunales esta ley, puesto que rechaza que se les limite acceder a la publicidad institucional de la Junta al haber superado el 33 por ciento establecido.
Norma cuestionada
Cabe recordar que el pasado 25 de junio, las Cortes aprobaron la reforma de la ley autonómica de Publicidad Institucional con los votos favorables del PSOE, Vox, Unidas Podemos y del exvicepresidente de la Junta y actual procurador, Francisco Igea, que sumaron 41 ‘síes’, la abstención de UPL-Soria Ya -seis votos-, y el ‘no’ del PP, Por Ávila y los dos procuradores no adscritos -ex de Vox-.
El Consejo Consultivo, a petición de la Junta, advirtió en un informe de la posible inconstitucionalidad de cinco previsiones de su articulado. Según el dictamen, la norma colisiona con la legislación estatal básica ya que considera que introduce criterios discriminatorios en la contratación pública, establece limitaciones económicas arbitrarias, e incluso invade competencias en materia laboral.
De esta forma, señala que el límite del 33 por ciento de los ingresos que un medio puede recibir por contratos de publicidad institucional en relación a su cifra de negocio anual se basa en criterios arbitrarios y provoca un trato discriminatorio y choca también con la Ley de contratos con la administración pública