La portavoz del PSOE de León, Lucía de Castro, y la secretaria de Igualdad, Mariela Blanco Sabugo, denunciaron este lunes la «obstrucción sistemática» de la Junta a los derechos de las mujeres. En particular, rechazaron que su gestión niegue la interrupción voluntaria del embarazo en la red pública, así como su «pasividad» e incluso «negacionismo» frente a la violencia machista.
De Castro puso de relieve que en Castilla y León se vive una «realidad vergonzosa» que «afecta directamente a la vida y a la seguridad de las mujeres en nuestra provincia» y ante la que ha asegurado que «las feministas del PSOE de León no vamos a mirar hacia otro lado». «Se están vulnerando nuestros derechos», ha subrayado, al tiempo que ha explicado que las consecuencias de la gestión del PP con el apoyo de la ultraderecha en la Junta están siendo «dramáticas».
La portavoz socialista consideró además que se está «boicoteando» y «obstaculizando» el derecho al aborto y se está «obligando a las mujeres a asumir costes económicos y a desplazarse fuera de su provincia y de su comunidad» para poder ejercerlo. De las 3.175 interrupciones del embarazo que se registraron en 2024 en la comunidad, «solo el 15,4 por ciento se realizaron en la red pública, una cifra mínima».
De Castro también advirtió que solo hay tres centros públicos en toda Castilla y León que estén acreditados para realizar interrupciones voluntarias del embarazo: el Hospital de Miranda de Ebro (Burgos), el Hospital de Salamanca y el Hospital de Valladolid, por lo que las mujeres que deciden abortar «se ven forzadas» a pagar o «asumir desplazamientos», lo que hace que «ejercer este derecho se vuelva, de facto, inviable para las personas más vulnerables». Además, destacó que «el 74 por ciento de los ginecólogos de Sacyl se han declarado objetores y la Consejería ha tardado un año en lanzar el registro que exige la ley».
Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE de León denunció el «abandono institucional frente a la violencia de género». Aseguró que solo en 2023 se registraron 5.660 casos en el sistema Viogen en Castilla y León, lo que «confirma la emergencia de la violencia machista», y advirtió que pese a que el Gobierno de España «ha destinado cerca de 13 millones de euros para la lucha contra la violencia de género en 2025», la Junta está «obstaculizando la eficacia de los fondos y programas estatales».
Ley de Educación
También recordó que el hecho de que el PP y Vox hayan votado en contra de la modificación de la Ley de Educación tiene «un impacto directo» y «ha impedido que se imparta una educación afectivo-sexual y laica en las aulas», con lo que se está «obstruyendo la prevención» y no se está protegiendo a las mujeres.
Por todo ello, exigieron a la Junta que se adopten las medidas necesarias para que la interrupción voluntaria del embarazo pueda realizarse en la red pública «de forma completa e íntegra» en nuestra provincia; que se garantice la transparencia en el registro de objetores y se activen los protocolos necesarios para cubrir este derecho y que se implemente una red «completa, integral y real de protección y apoyo a las víctimas de violencia de género que esté disponible 24 horas al día, siete días a la semana».