La nueva norma establece el procedimiento para que las comunidades autónomas, previa notificación al interesado, den de baja las máquinas que no estén en uso, ya que muchos titulares no dan de baja la máquina aun cuando ya ha sido achatarrada, de forma que los datos reflejen con mayor precisión el parque vivo de maquinaria agrícola en España.
Asimismo, prohíbe el cambio de titularidad, excepto por herencia, de los tractores de más de 40 años sin estructura de protección homologada, una medida destinada a reducir los accidentes que se producen en la agricultura. Se trata de tractores sin cabina o con cabina sin arco de seguridad, fabricados antes de 1980.
Así, Asaja apunta a que el Gobierno ha sacado del mercado de posibles vehículos de segunda mano un censo de tractores de más de 40 años que podría sobrepasar los 5.000 vehículos en la provincia de León.
El amplio censo de tractores de estas características está justificado, según el sindicato, porque la mayoría de los agricultores y ganaderos cuando se jubilan no se deshacen de los mismos al destinarlos a hacer una agricultura de autoconsumo o recogida de leña, y porque muchos agricultores profesionales siguen conservando estos tractores para labores menores en la explotación. También en muchos casos hay un «componente sentimental que pesa más», para no vender, que el de recuperar una media de 3.000 euros que pueden valer en el mercado.
Siendo cierto que el tema de la seguridad al que alude el Gobierno es importante, explica la opa, «no lo es menos que muchos de estos vehículos están desempeñando sus funciones a la perfección, y que debido a su mecánica sencilla y escaso mantenimiento, su vida útil se puede prolongar durante décadas».«El agricultor ha hecho con este tema un buen aprovechamiento de los recursos, hasta que ahora el Gobierno ha venido a impedirlo», critican.
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