El Procurador del Común de Castilla y León ha emitido una resolución en la que da la razón en todos sus puntos a la Plataforma ciudadana por las 125 plazas para Personas con Movilidad Reducida, lo que desde la plataforma aseguran que "desmonta una a una las excusas del equipo de Gobierno de José Antonio Diez" para no otorgarlas.
En su escrito de resolución, el Procurador dictamina de forma clara que la excusa del Ayuntamiento de permitir el aparcamiento gratuito en la zona ORA o en las zonas de Carga y Descarga no exime de cumplir la ley. La Institución señala que estas plazas ordinarias carecen de las dimensiones físicas exigidas y de las zonas de transferencia necesarias, limitando su utilidad real y suponiendo una barrera física, no económica, para los usuarios en silla de ruedas.
Asimismo, el Procurador advierte al Ayuntamiento que el reciente anuncio de crear 25 nuevas plazas —fruto de la presión ciudadana tras la manifestación en la Plaza San Marcelo— "no soluciona el problema en su totalidad". El informe destaca el grave déficit existente de plazas específicas, especialmente en la "almendra central" de la ciudad (calles como Padre Isla, Independencia o Avenida de Roma), donde las necesidades de accesibilidad son más intensas por la concentración de servicios médicos, administrativos y comerciales.
Ante estos incumplimientos, el Procurador del Común emite una Resolución en la que exige al Ayuntamiento la creación de una Mesa de Trabajo junto con el colectivo de afectados. El mandato es elaborar un "documento de consenso" para auditar el cumplimiento real de la ratio legal y fijar tanto la creación como la ubicación exacta de las plazas que siguen faltando en la ciudad, impidiendo así que el Consistorio las pinte de manera unilateral en la periferia.
"El Procurador del Común ha confirmado con la ley en la mano lo que nosotros gritamos en San Marcelo: que nuestros derechos no son un negocio y que la gratuidad de la ORA era una trampa física", señala Agustín Fernández Checa, portavoz de la Plataforma.
"El Alcalde y el concejal de Movilidad, Vicente Canuria, tienen ahora un plazo legal de dos meses para acatar esta resolución y sentarse con nosotros a trabajar, o tendrán que retratarse ante toda la ciudad negándose a cumplir una resolución de derechos fundamentales", advierte el portavoz.
Desde la Plataforma anuncian que ya han registrado un escrito oficial en el Ayuntamiento exigiendo que, en cumplimiento del mandato del Procurador, se fije fecha y hora en los próximos 15 días para la constitución formal de dicha Mesa de Trabajo.