Jornada de críticas dobles para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León que encabeza el alcalde José Antonio Diez, unas seguramente esperadas por parte de la oposición del Partido Popular y otras... por parte del partido, UPL, que le mantiene con el bastón de mando.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, David Fernández, compareció para denunciar que las “chapuzas” del equipo de Gobierno han provocado que exista un desajuste presupuestario de 33,5 millones de euros que compromete la capacidad del Consistorio para realizar inversiones o asumir proyectos pendientes.
El edil detalló que las medidas que se deberán tomar para afrontar la situación implican ajustes, como la declaración como no disponibles de créditos aprobados por 13,3 millones de euros o partidas para proyectos por 4,1 millones para los que no hay ingresos suficientes. También habrá que reducir 5,1 de ingresos contabilizados “que nunca existirán por las tasas de basura anuladas por la Justicia” o seis millones anotados de manera irregular, “a espaldas de la Intervención”. A ello se añaden los 9,3 millones que figuran como ingresos por recogida y trata de residuos. Hay, dijo, unos 20,4 millones anotados como ingresos de los que al menos 15,4 no van a existir nunca.
La cifra, aseguró, podría incrementarse hasta los 38,5 millones si se anulase la tasa de recogida que se gira actualmente. “Hay gastos previstos que no cuentan con dinero y ajustes para dotar créditos imprescindibles por 4,8” explicó para resumir que la política económica se ejerce de manera “negligente e irresponsable”. En definitiva, resumió, habrá que realizar ajustes por la vía de gastos, por la de ingresos y habilitar créditos cuyo importe se deberá detraer de otras partidas.
“Es gastar por encima de las posibilidades o gastar lo que no se tiene y se puede llegar a falta de liquidez. Con los socialistas está claro que todo lo malo vuelve. Nos retrotrae a la deuda de 400 millones que se adquirió durante el gobierno de Francisco Fernández”, dijo. Añadió que el alcalde “conoce la situación desde hace meses y le ha dado absolutamente igual, en una huida hacia adelante que tiene corto recorrido” y que ha sido alertada por la Intervención Municipal.
“Quiere hacer obras y anuncios en el año previo a las elecciones”, añadió antes de reclamar que se lleven a pleno los ajustes necesarios para saber qué proyectos se van a llevar a cabo y cuáles no y de pedir explicaciones que, dijo, no se ofrecieron en la reunión celebrada esta misma mañana con presencia de todos los grupos municipales. “No se dio una solución clara. No se aclaró si pueden implicar consecuencias, ni se invitó al autor de los informes. Se dieron explicaciones tratando de justificar la situación y establecer comparaciones, hablando de filias y fobias personales de los trabajadores. No nos han dicho cómo piensan resolver ese desaguisado” remarcó y resumió el resultado de ese encuentro como “un compendio de excusas que no arrojó ninguna luz ni aportó ninguna solución”.
UPL pide la dimisión del concejal de Hacienda por la tasa de basuras
En cuanto a UPL, este mismo martes reclamaban reclamó hoy la dimisión inmediata del concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, tras conocerse el “contundente” informe de la Intervención Municipal que, señalan, “evidencia el fracaso absoluto en la gestión de la tasa de basuras impulsada por el equipo de gobierno socialista”.
Se trata, apuntan, de una situación de “auténtico fiasco económico y administrativo”, después de que las sentencias judiciales que anulan las ordenanzas fiscales y las irregularidades detectadas por el interventor municipal sitúen el impacto económico total en más de 15 millones de euros entre anulaciones de derechos, devoluciones de ingresos indebidos y deterioro del remanente de tesorería municipal.
El informe de Intervención advierte además de una “necesidad de financiación” de más de 9,2 millones de euros y de un grave incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Asimismo, el documento recoge la existencia de más de seis millones de euros en “derechos ficticios” que nunca llegarán a cobrarse y que deberán ser anulados, agravando todavía más la situación financiera del Ayuntamiento, apuntan los leonesistas en un comunicado.
La gravedad de los hechos, remarcan, exige responsabilidades políticas. “No entendemos cómo el alcalde mantiene todavía al concejal de Hacienda al frente de un área que ha demostrado una absoluta incapacidad de gestión”, manifiestan antes de recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nulas las ordenanzas de la tasa de residuos de 2025 y 2025 por defectos de tramitación y falta de motivación técnica suficiente, desmontando jurídicamente toda la actuación municipal en esta materia.
El propio interventor en su informe alude a la posibilidad, de forma motivada y previa a la tramitación del correspondiente procedimiento especial de revisión, de extender los efectos de resolución judicial a la totalidad de los vecinos de la ciudad, que, desde el Grupo Municipal de UPL entienden que es lo justo y adecuado y no solamente en beneficio de quien obtuvo la sentencia favorable, porque la anulación es absoluta y debe de favorecer a todos y no solo al recurrente. Ello supondrá, según el interventor, una salida de fondos por importe de más de 3.700.000 euros y una anulación de derechos; en definitiva, posibilidad de cobro, por más de 1.400.000 euros.
Por otra parte, argumentan, si el concejal de Hacienda hubiera cumplido con su obligación de elaborar la ordenanza y aprobar la misma en los plazos establecidos en su momento por la Ley 7/2022 de 8 de abril, habría dado tiempo a realizar jurídicamente adecuada la ordenanza y se hubiera evitado el “fiasco de una ordenanza realizada deprisa y corriendo que ha conllevado la anulación de la misma con el consiguiente perjuicio económico que va a condicionar en gran medida el devenir en los próximos ejercicios”.