El Partido Popular denuncia que la Diputación no ha resuelto el pago "sin contrato" de la nave que utiliza para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) en el polígono de Villacedré desde enero de 2022. Pese a que intentó 'legalizar' la situación a través de un concurso hace un año, finalmente la solución no fue posible ya que "ninguna empresa concurrió, ni siquiera el propietario de la nave que actualmente se está utilizando".
Desde enero de 2022, fecha en la que caducó el contrato vigente, la institución provincial tramita el pago del arrendamiento a través de la fórmula de ‘reconocimiento extrajudicial de crédito’ por un importe de 1.815 euros mensuales. Las últimas facturas han pasado ya la Comisión de Hacienda del mes de septiembre, e incluyen el pago de los alquileres de los meses de marzo, abril, mayo y junio por un importe total de 7.260 euros.
Tal y como refleja el informe del Interventor de la Diputación se trata de “la prestación de un servicio que se sigue prestando aunque se ha agotado el período de vigencia del contrato que lo respaldaba” que caducó el 12 de enero de 2022.
"Cómo es posible que la Diputación de León lleve casi cinco años en esta situación irregular sin que se haya tomado una decisión adecuada para resolverla, visto que ni siquiera el propietario del actual emplazamiento concurrió al concurso", remarca el portavoz popular, David Fernández.
Esta situación demuestra “la inacción y la falta de gestión” por parte de la institución provincial, cuyo responsable es el vicepresidente cuarto y diputado de Protección Civil y Servicio Provincial de Extinción de Incendios, Luis Alberto Arias, por cuanto “no se ha legalizado la situación a través de un nuevo contrato”.
El acuerdo formalizado entre la Diputación y el arrendedor se suscribió por un período de un año, previéndose tres posibles prórrogas anuales, de año en año, previo acuerdo expreso del órgano de contratación y previa conformidad del propietario de la nave industrial. “El contrato finalizó el 12 de enero de 2022”, tal y como recoge el documento del interventor incluido en la Comisión de Hacienda celebrada hace unos días, “sin que se hubiera autorizado previamente la primera prórroga anual prevista en los pliegos, ni la conformación del arrendador por escrito, pero también sin que se produjera la denuncia previa ni la notificación con la antelación prevista del desalojo”.
El citado documento también refleja la necesidad “de una nave o edificio industrial en el que poder estacionar los vehículos, disponer del control sobre los mismos y poder realizar las operaciones de mantenimiento que requieran” mientras se tramita “el expediente de contratación del nuevo arrendamiento que satisfaga estas necesidades”.
Se trata de obligaciones nacidas al margen del procedimiento legal previsto en la Ley 9/20017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. “Se trata de la prestación de un servicio que se sigue prestando, aunque se ha agotado el período de vigencia del contrato que lo respaldaba”, incide el informe.
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