El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León ha denunciado que el conflicto laboral de los monitores del Coto Escolar Municipal «ya está llegando a los centros educativos». Según los populares, la dirección del Coto Escolar ha comunicado a los colegios la cancelación de actividades como montar a caballo o el rocódromo. Además, según el PP, los profesores que acompañen a los escolares tendrán que servirles la comida durante su estancia. El PP ha registrado una moción sobre este asunto para el Pleno de la próxima semana.
El portavoz popular, David Fernández, acusa al equipo de gobierno socialista de José Antonio Diez de haber optado «por el silencio» en lugar de «dar una solución al problema y cumplir los compromisos alcanzados con los trabajadores». A su juicio, el Ayuntamiento ha decidido «retirar funciones y actividades», y con ello ha trasladado «las dificultades a los centros educativos que acuden a estas instalaciones».
Un acuerdo que, según los monitores, no se ha aplicado
Los monitores detallan el origen del conflicto en un escrito dirigido a la directora del Coto Escolar, Cristina Villalón. Según su relato, el 5 de mayo recibieron una comunicación que les pedía «abstenerse de realizar funciones que excedan de su categoría profesional». Aseguran que después, en una reunión con el concejal de Personal, otros ediles, la dirección del centro y los sindicatos CCOO y UGT, se acordó que siguieran realizando esas tareas «a pesar de dicho decreto». Los trabajadores afirman que aceptaron «basándose en la confianza, esperanza y comprensión recibidas».
Tanto el PP como los monitores sostienen que el 19 de junio la Mesa General de Negociación aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos y de todas las centrales sindicales la «suspensión del decreto 5 de mayo». Según ambos, el acuerdo establecía que los monitores mantendrían esas funciones y seguirían cobrando las diferencias salariales correspondientes «hasta tanto se aplique el nuevo convenio colectivo».
Sin embargo, los trabajadores denuncian en su escrito que «no se ha producido la modificación para las diferencias salariales profesionales acordadas». También afirman que la Administración niega ahora «la existencia o validez de los acuerdos alcanzados». Por ello, comunicaron que a partir del 13 de octubre se ceñirían a las funciones del convenio colectivo vigente, que según indican data de 1998. Esas funciones son las actividades medioambientales, agropecuarias y de tiempo libre, la atención a los visitantes, la colaboración con la dirección y el mantenimiento de las instalaciones.
Las funciones que dicen haber dejado de asumir
En el mismo documento, los monitores enumeran catorce tareas que consideran de superior categoría y que, según explican, venían realizando hasta ahora. Entre ellas citan la administración de medicamentos y el acompañamiento al centro sanitario, el control de alergias e intolerancias alimentarias y el servicio de comedor. También mencionan el cuidado y la vigilancia durante la noche, la atención a niños en situación de vulnerabilidad y a alumnos con necesidades educativas especiales, y la comunicación con las familias. A ello suman las actividades deportivas y de riesgo, como el tiro con arco, la escalada, la equitación, los kayaks o el parque de cuerdas, además de la apertura y el cierre del centro.
El correo a los colegios
El PP ha difundido además la imagen de un correo que el Coto Escolar remitió a las direcciones de los centros educativos de la provincia. En ese mensaje se informa de que las unidades didácticas pasan a ser «actividades medio ambientales». Se añade que la recogida y administración de medicamentos, el control de alergias y el servicio del comedor «serán tareas que deberá realizar el profesorado», y que en todas las actividades los niños «deberán estar acompañados por un profesor/a». El PP asegura, a partir de «testimonios trasladados por profesorado», que se están retirando actividades que formaban parte de la programación habitual.
Fernández considera que el Ayuntamiento «no puede responder a una reivindicación laboral legítima limitándose a retirar funciones y dejando que las consecuencias de esa decisión recaigan sobre los trabajadores y los usuarios del servicio». Añade que es así «más si cabe, cuando había un acuerdo entre los trabajadores y el equipo de gobierno». «Los monitores del Coto Escolar desempeñan tareas que van mucho más allá de la mera realización de actividades recreativas», subraya el portavoz popular. A su juicio, estas responsabilidades requieren «una adecuada correspondencia entre las funciones efectivamente realizadas, la categoría profesional reconocida y la retribución percibida».
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