"Castilla y León no pide más que nadie, pero tampoco va a aceptar recibir menos de lo que necesita". Con esa idea resumieron este miércoles los procuradores del PP María José Álvarez Casáis y Antonio Mendoza la posición de su partido ante la propuesta de financiación autonómica remitida por el Ministerio de Hacienda, que consideran especialmente perjudicial para una comunidad con una población envejecida y miles de pequeños núcleos dispersos.
Durante una comparecencia celebrada en la sede del partido popular en León, ambos insistieron en que el debate va mucho más allá de los porcentajes y del reparto de fondos, ya que de ese modelo depende la capacidad para mantener abiertos consultorios, colegios rurales o líneas de transporte en municipios donde prestar los mismos servicios resulta más caro.
El PP sostiene que Castilla y León recibiría 271 millones de euros de los 20.975 millones adicionales anunciados por el Gobierno para 2027, lo que supondría únicamente un 1,29 por ciento del total. Una cantidad que, a su juicio, no reconoce las características de la comunidad ni el esfuerzo económico necesario para garantizar que vivir en un pueblo no implique tener menos acceso a los servicios públicos.
"La igualdad no consiste en repartir exactamente lo mismo, sino en que todos los ciudadanos reciban los mismos servicios aunque prestarlos cueste más en unos territorios que en otros", defendieron. Por ello, reclaman que el nuevo sistema incorpore variables como la superficie, la baja densidad de población, el envejecimiento y la dispersión.
Los procuradores aclararon que el PP no se opone a reformar un modelo que considera caducado, pero exigieron que el proceso se haga con criterios técnicos, transparencia y la participación de todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin acuerdos bilaterales que puedan beneficiar a determinados territorios.
Buena parte de sus críticas se dirigieron a la posibilidad de una financiación singular para Cataluña, que, según señalaron, acabaría reduciendo los recursos disponibles para el resto. "No existen los privilegios gratuitos. Lo que unos ganan, otros lo pierden, y quienes saldrían especialmente perjudicadas serían comunidades como Castilla y León", advirtieron. Además, pidieron al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, que aclare si respalda ese modelo específico. Consideran que el documento presentado por los socialistas autonómicos habla de igualdad y defensa del medio rural, pero evita pronunciarse sobre los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con los partidos independentistas.
El PP aseguró que defenderá esta posición en las Cortes, ante el Gobierno central y en todos los órganos donde se debata la reforma, con el objetivo de que la financiación permita mantener unos servicios públicos de calidad con independencia del lugar en el que viva cada ciudadano.
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