El Partido Popular ha denunciado que la Diputación de León lleva pagando desde enero de 2022 el alquiler de una nave industrial en el polígono de Villacedré sin contrato en vigor, destinada al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis). Según los populares, esta situación refleja “una nueva muestra de inacción y falta de gestión” por parte del equipo de Gobierno provincial.
El contrato original para el alquiler de la nave caducó el 12 de enero de 2022, tal y como recoge el informe de Intervención incluido en la última Comisión de Hacienda, y desde entonces la Diputación tramita el pago mensual de 1.815 euros a través de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito, un procedimiento excepcional para asumir gastos realizados sin cobertura contractual.
Las últimas facturas, correspondientes a los meses de abril y mayo, ya han pasado por la Comisión de Hacienda y suman un total de 3.630 euros, y se debatirán en el próximo Pleno del mes de julio.
El acuerdo inicial con el arrendador contemplaba un periodo de un año, con posibilidad de tres prórrogas anuales previo acuerdo entre las partes. Sin embargo, tal y como señala el interventor, no consta autorización para la primera prórroga ni la conformidad por escrito del arrendador, aunque tampoco hubo denuncia ni notificación de desalojo, lo que ha mantenido el uso de la nave por parte del Sepeis sin marco legal.
Desde el grupo popular se señala directamente al diputado de Protección Civil y vicepresidente cuarto, Luis Alberto Arias, como responsable político de esta situación, ya que no se ha tramitado un nuevo contrato de arrendamiento que regularice el uso del espacio. El informe de Intervención recalca además que se trata de una necesidad operativa, ya que se requiere “una nave o edificio industrial en el que poder estacionar los vehículos, disponer del control sobre los mismos y realizar tareas de mantenimiento”.
Pese a ello, el documento recuerda que se trata de una prestación al margen del procedimiento legal previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, lo que añade más presión sobre la institución provincial para resolver cuanto antes esta situación irregular.