Podemos pretende así, dijo, impulsar una reforma de la Ley del Procurador del Común para fortalecer la institución. Fernández reconoció las dificultades legales para poder hacer que las recomendaciones se lleven a cabo pero considera que se pueden tomar medidas paralelas que hagan que las resoluciones sean vinculantes y no se queden en muchos casos en meras recomendaciones.
“Se adolece de mecanismos que garanticen la vinculación de los dictámenes y las resoluciones para que se cumplan de forma inmediata. Si no se hace, planteamos que se penalice a la institución incumplidora; que haya medidas coercitivas. A día de hoy jurídicamente no se puede hacer esa vinculación directa pero imponer sanciones sería una forma de garantizar mayor efectividad”, argumentó.
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