La plantilla del servicio de atención de llamadas de emergencia 112 de Castilla y León, gestionado por la empresa Ilunion Emergencias, irá a la huelga indefinida a partir del viernes 6 de noviembre, según ha anunciado su comité de empresa. Los paros se producirán el primer viernes de cada mes, salvo festivos, y la plantilla cumplirá los servicios mínimos que se establezcan, por lo que, según asegura el comité, la atención a la ciudadanía en emergencias quedará garantizada.
El motivo de la convocatoria, de acuerdo con la representación de los trabajadores, es el incumplimiento del acuerdo de empresa firmado en 2022, que puso fin a la huelga de aquel año con la mediación de la propia Junta de Castilla y León y que, según el comité, devolvió la estabilidad a un servicio esencial tras la crisis del anterior adjudicatario.
25 rondas de 40
El núcleo del conflicto son las rondas de rotación antiestrés, el sistema de turnos pactado para que el personal pueda descansar adecuadamente en un trabajo de máxima tensión. El acuerdo fija 40 rondas para el personal gestor de llamadas y seis para supervisión. Según el comité, la propia empresa ha reconocido ante los tribunales que hoy solo funcionan 25 de esas 40 rondas, y la sexta ronda de supervisión lleva más de dos años sin cubrir.
A ello se suman, siempre según la versión de los trabajadores, incumplimientos en formación y acreditación de idiomas y en el respeto a la antigüedad en la contratación. El comité explica que el conflicto ha pasado tres veces por el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) desde febrero de 2026 y por una mesa de negociación, siempre sin acuerdo, y que en mitad de ese proceso la empresa ha denunciado el acuerdo con la intención, a su juicio, de desmontar todo el sistema de rondas y descansos.
«La Junta está pagando un servicio en unas condiciones que no se están dando»
El comité recuerda que el acuerdo de 2022 figura en el propio expediente de contratación de la Junta entre las condiciones laborales aplicables a la plantilla, y que el presupuesto del contrato se calculó con esas condiciones. «La empresa cobra un precio calculado como si cumpliera el acuerdo, pero no lo cumple. La Junta está pagando un servicio en unas condiciones que no se están dando», señala.
Los trabajadores añaden la falta de personal, que, según afirman, la empresa ha reconocido por escrito en dos actas de reunión con la representación de la plantilla. Para el comité, esta carencia, unida a la falta de formación adecuada y a la pérdida de personal con experiencia, se está convirtiendo en un riesgo para la calidad de la atención en un servicio del que depende la respuesta a cualquier emergencia en la Comunidad.
El comité sostiene que no se trata de un caso aislado. Según su relato, la Inspección de Trabajo ha constatado que la empresa no publica los cuadrantes de trabajo en plazo, la autoridad laboral la ha sancionado por infracciones graves en materia de horarios y un juzgado de Valladolid declaró nula la exclusión de una trabajadora del sistema de rotación. Hay además, de acuerdo con la misma fuente, varias denuncias pendientes ante la Inspección y una demanda por las rondas.
Piden la mediación de la Junta
La representación de los trabajadores se ha dirigido a la Vicepresidencia Segunda de la Junta y a la Agencia de Protección Civil y Emergencias para pedir que la Administración vuelva a mediar en el conflicto, como hizo hace cuatro años, y que exija a la empresa el cumplimiento del contrato. «Sin esa mediación, el conflicto se alargará de forma innecesaria en perjuicio de un servicio público vital», advierte el comité.
De cara a la próxima licitación, los trabajadores reclaman que los nuevos pliegos recojan expresamente las rondas y las condiciones del acuerdo como obligaciones esenciales, con un control real de su cumplimiento. Y van más allá, ya que plantean que la Junta valore gestionar directamente el 112. «Un servicio esencial como este puede y debe gestionarlo la propia Junta. ¿Qué razón hay para mantener un modelo más caro y que funciona peor?», se pregunta el comité.
El comité insiste en que la responsabilidad de la huelga es de la empresa y mantiene su disposición a negociar, aunque advierte de que no aceptará que se desmonte un acuerdo que, según sostiene, la empresa nunca ha llegado a cumplir.
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