Tres acusados se sentarán este lunes, 11 de septiembre, en el banquillo de la Audiencia Provincial de León (a partir de las 9:30 horas) por un delito de prevaricación administrativa por el que el fiscal pide para ellos la pena de 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de las costas derivadas del procedimiento. Estas tres personas, mayores de edad y sin antecedentes penales previos, ejercían en 2019 como cargos públicos de una junta vecinal de una localidad de un partido judicial de León y, asimismo, desde su constitución en el año 2003, eran también cargos dentro de un club deportivo de caza.
Tal y como explica la Fiscalía en su escrito de acusación, los tres acordaron por unanimidad en una sesión extraordinaria de la junta vecinal de fecha de 2 de noviembre de 2019, "aprovechando su condición de cargo público", "vulnerando consciente y gravemente la legalidad y en perjuicio de los vecinos de la junta vecinal", renunciar a la titularidad de un coto que pertenecía a la junta vecinal en favor del club deportivo de caza y ceder los derechos cinegéticos de los terrenos comunales y de un monte de titularidad pública al club por un periodo de 40 años. Acuerdos, todos ellos, según el fiscal, tomados "prescindiendo total y absolutamente de la legalidad y procedimiento aplicable, obedeciendo únicamente a la voluntad de los acusados en su doble condición de miembros de la junta vecinal y de la junta directiva del club deportivo de caza" y con los que causaron, subraya, "un perjuicio a los vecinos".
Mediante sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León de fecha de 10 de septiembre de 2021, se anuló "por no ser conforme a derecho" el acuerdo de la junta vecinal por el que se renunciaba a la titularidad del coto de caza y a ceder los derechos cinegéticos de los terrenos comunales y del monte de utilidad pública al club deportivo "por un periodo de 40 años". Esta sentencia fue confirmada por el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha de 26 de abril de 2022.
Para el fiscal los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa del que considera que son responsables penalmente los acusados en concepto de autores, para los que pide una pena de 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como las costas derivadas del procedimient