Como una forma de “expolio a plazos”, así han considerado numerosos juristas la imposición del riego a presión en pequeñas fincas de regadío, cuando sus propietarios no lo necesitan o no lo quieren.
Un tema de máxima actualidad que, entre otros efectos, ha roto la convivencia social en muchos pueblos y comarcas de la provincia de León, provocando enfrentamientos entre convecinos y un temor generalizado sobre el futuro de sus pequeñas propiedades. Ahora le toca a la pequeña vega del río Tuerto, aguas abajo de Astorga, afectando a zonas regables de los Ayuntamientos de Valderrey, Riego de la Vega y otros.
La Vega del Tuerto, como es sabido, fue la primera en la provincia de León, donde romanos y árabes implantaron el cultivo. Una vega milenaria a la sombra de Astúrica Augusta, desde donde se alimentaba todo el noroeste, y donde los árabes dieron vida, nombres y toponimias que han llegado hasta nuestros días.
Ahí tenemos el cauce milenario de La Zaya (ahora cauce de Los Tres Concejos) – que riega la zona de interés – con nombres que hablan por sí solos: “zaya” del árabe “azacaya”: cauce o ramal del río para alimentar pueblos y riegos. En este caso, cauce natural como ramal residual del río Turienzo, antes de su atrapamiento geológico por el río Tuerto. La Zaya, a cuya vera se establecieron los pueblos de la vega, como Castrillo de las Piedras, Riego de la Vega o Carral, abasteciendo a sus poblaciones.
- Cauce natural y milenario que ahora se pretende destruir para ser sustituido por una tubería enterrada. No cabe ya mayor desatino, barbarie o afán destructivo.
El anuncio y promoción de un sistema de riego que destruye todo lo existente, quitando los cursos de agua superficiales y sustituyéndolos por tuberías enterradas, ha generado desconcierto e indignación. El Servicio Territorial de Agricultura de la Junta de Castilla y León en León está directamente implicado.
Los propietarios que pretendan mantener sus fincas rústicas libres de cargas o gravámenes se enfrentan a amenazas, conflictos y pleitos interminables, pese a que sus derechos a la propiedad privada están reconocidos en el artículo 33 de la Constitución. Algunos funcionarios de la Junta desconocen estas protecciones al promover el sistema mostrando solo las supuestas ventajas sin mencionar las consecuencias económicas, legales, medioambientales, patrimoniales y sociales (como la despoblación).
Entre las consecuencias económicas destacan los costes inasumibles de la mal llamada “modernización”, que supone destrucción, malversación de fondos públicos y privados y corrupción. Los costes de explotación y mantenimiento superan la renta que generan las fincas, lo que puede significar el fin de la propiedad privada.
Las pérdidas se estiman entre 250 y 400 euros por hectárea al año, y aún superiores en choperas a raíz profunda o fincas sin cultivar. La imposibilidad de salirse de la zona de regadío convierte lo que hoy es una tasa en un impuesto o gravamen perpetuo para la propiedad.
Estos nuevos sistemas de riego implican la destrucción total de cauces, canales, regueras y acequias existentes de forma irreversible. Al pago del gravamen deberán responder los pequeños propietarios, incluso con el embargo de cuentas corrientes o ahorros.
La Junta no expropiará las fincas, pero quien no lo impida o los tribunales no actúen será cómplice en un proceso basado en falsedad documental y ilegalidades promovidas por la Comunidad de Regantes “Los Tres Concejos”, de la que la Junta de Castilla y León ya ha sido advertida.
Los importes reales de costes, a medio y largo plazo, se ocultan dolosamente, pero antes de la amortización prevista a 50 años, las instalaciones se deteriorarán y requerirán renovación, repercutiendo los costes de inversión sobre los propietarios.
Los criterios fiscales del Ministerio de Hacienda fijan periodos de amortización de 10, 18 y 20 años según el tipo de activo (maquinaria, instalaciones, equipos eléctricos y electrónicos). Pretender amortizar a 50 años es un engaño que afecta a los pequeños minifundistas, cuyos derechos de propiedad heredados se convierten ahora en una carga económica.
Toca unirse y defenderse. Mucho trabajo por delante para abogados y tribunales.