PeC critica el "uso del miedo" laboral para ir en contra de municipalizar el TUP

La petición de estudiar la gestión directa se cerró con el no de USE, PP, CB y Ciudadanos

Mar Iglesias
27/08/2016
 Actualizado a 01/09/2019
Momentos del Pleno extraordinario en el que los trabajadores manifestaron su opción. | MAR IGLESIAS
Momentos del Pleno extraordinario en el que los trabajadores manifestaron su opción. | MAR IGLESIAS
PSOE y Ponferrada en Común se quedaron solos en el voto de aprobación de apertura de expediente para municipalizar el servicio de Transporte Urbano de Ponferrada, TUP, para lo que se habían aliado en la petición de un Pleno extraordinario. El resto de grupos votó en contra menos el Partido Regionalista del Bierzo que se abstuvo, pese a que había sido su portavoz, Tarsicio Carballo, el primero que llevó a una de las comisiones informativas la solicitud de estudiar esa posibilidad.  Hasta 15 comisiones se convocaron sobre este tema, algo que reprochó la portavoz popular, Amparo Vidal, puesto que solo en la última se puso sobre la mesa la posibilidad de la gestión directa. El resto de partidos, lo que reprochó a PSOE y PeC es que caminaran solos en su solicitud de Pleno . Sobre la mesa, durante el Pleno, cuatro informes de los servicios del propio Consistorio que todos, excepto los partidos solicitantes de la convocatoria, entendían contrarios a la municipalización por «ilegal» e «imposible», decía Vidal.

Carballo era el primero en pronunciarse navegando en la abstención «nos vemos entre la espada y la pared», decía, recordando el ideario de su partido, del lado de la municipalización. En contra ponía el «hándicap» de la situación laboral de los 29 empleados del TUP. Carballo entiende que  «si se municipaliza, los empleados de este servicio momentáneamente los subroga el Ayuntamiento como provisionales y en cuanto se convoquen las plazas deben aprobar una oposición o ir a la calle», un argumento que desterraba el portavoz de Ponferrada en Común, quien aseguraba que existía legislación, incluso a nivel europeo, que obligaban a que los trabajadores se mantuvieran en las mismas condiciones. Por eso, Fernández reprochó que «se esté utilizando el miedo» para que los trabajadores se posicionaran en contra de la gestión directa, como hicieron en el Pleno, mostrando una pancarta en la que se podía leer «Municipalización=Despidos», una manifestación que se completaba en la calle con la Asociación de Parados, que se posicionaban del lado de la municipalización.

Fernández se dirigió a ellos asegurándoles que su puesto de trabajo estaba garantizado y, además, les dijo que no se les debería haber informado también de que sus percepciones no son las ajustadas «están percibiendo un salario por debajo del que deberían cobrar y eso también hay que decírselo a los trabajadores».

Fernández fue desgranando los cuatro informes técnicos en los que el equipo de gobierno basó su negativa a la posibilidad de estudiar la municipalización y que todos los grupos defendieron, incluso el portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, que aseguró que sería «una irresponsabilidad» ir en contra de ellos. Fernández puso el adjetivo de «tendencioso» al económico, algo que hizo levantar a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, para pedir que retirara la crítica. El informe de personal tampoco le parece adecuado y el del técnico de movilidad incluso considera que va a favor de la gestión directa porque asume que con ella habrá «mayor control del dinero público» y, para Fernández «solo con eso me llega para solicitar la municipalización». De todos modos, Fernández asume que el servicio, aunque se municipalizara, seguiría siendo deficitario como lo es ahora, que supone un déficit de explotación de 1,2 millones anuales, aunque no cree que el gasto con la gestión directa suba más de 400.000 euros.

El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, el grupo aliado en la petición de la apertura de expediente, justificó la posibilidad de hacerlo poniendo en cuestión los informes que los demás defendían. «Creemos que hay que analizarlo desde el punto de vista jurídico, financiero y organizativo», pidió. Jurídicamente admite que es posible "si es el sistema más eficaz y más económico". Además los ayuntamientos "gozan de autonomía" para planificar el servicio, dijo, rebatiendo a los ediles populares que aseguraban que la asunción del plan de Ajuste les maniataba para crear cualquier tipo de sociedad de gestión y les obligaba a la municipalización pura y dura, "imposible", decía Vidal, con los presupuestos actuales. Por eso defendía Ramón el momento para abrir otra posibilidad, antes de la aprobación del próximo ejercicio. «Entendemos que es más flexible la gestión directa, porque la prioridad es mejorar y no obtener ganancias, más control de dinero público, continuidad en el mismo, mayor coordinación», expuso como beneficios.  Con respecto al coste, «nos ahorraremos el beneficio industrial. No se está en plusvalías para repartir dividendos. No se aplican comisiones comerciales en los suministros», expuso.  

Ramón defendió que no era importante el número de comisiones que se habían producido sin poner la gestión directa sobre la mesa que, por otra parte, su compañero de PeC consideró que debería haberlo puesto sobre la mesa el equipo de gobierno. Ramón reprochó los «miedos» al hablar de municipalización, cuando considera que la anulación de la concesión del servicio de limpieza a FCC y las implicaciones económicas que augura que supondrá, deberían dejar claro que debe estudiarse otra opción. La portavoz del PP dijo que no había miedo a debatir «pero sí al tiempo». Como concejala de Hacienda considera que se han rebasado todos los plazos desde 2012, cuando se acabó la última prórroga del servicio. Vidal recuerda que año tras año, los informes del Tribunal de Cuentas hablan de la situación irregular que se mantiene. Abrir las puertas a este estudio, por tanto, considera que sería dilatar los tiempos. En esa dilación temporal coincidió la portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, que justificó en ella su voto negativo y también en los informes técnicos que imposibilitan establecer una sociedad municipal de gestión y hablar de la imposibilidad de realizar inversiones mientras dure el Plan de Ajuste. Tampoco Unidad  Social de Electores ve posible la municipalización en la situación actual. Samuel Folgueral consideró que «es un camino cortado legalmente», por la herencia del Plan de Ajuste por una sociedad y por gestión directa «según los técnicos, lo desaconsejan».
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