El grupo de opinión, debate y pensamiento Proyecto León publicó su séptimo informe anual del Observatorio Económico Autonomía-León sobre la situación de la Región Leonesa, basándose en el estudio de la demografía, renta y empleo, en cuyas conclusiones señala que no se registra un cambio de tendencia, que la gestión de la Junta de Castilla y León es “disfuncional” y ésta presenta problemas estructurales que impiden el cumplimiento de los objetivos constitucionales, lo que conduce a una entidad territorial fallida.
Esto resulta especialmente grave por la estructura institucional y presupuestaria de España, señaló, ya que la Junta de Castilla y León gestiona casi el 55 por ciento de todo el gasto público del Estado en su territorio, excluida la Seguridad Social (pensiones). Un fallo de la gestión autonómica por deficiencia, apuntaron, no se puede compensar desde otras administraciones, pues disponen de recursos muy inferiores: las entidades locales de en torno al 25 por ciento de gasto público y el Gobierno Central en torno al 20 por ciento (ambas cifras excluida la Seguridad Social). En conclusión, apuntaron, se requieren cambios estructurales en la gestión de las competencias autonómicas delegadas por el Gobierno Central sobre el territorio de la Región Leonesa.
Solo en la provincia de Salamanca se aprecia un comportamiento mejor de los marcadores económicos estudiados, destacando los del mercado de trabajo. A pesar de la aportación de Salamanca, en la consideración global de las dos regiones abruma la diferencia entre los índices de crecimiento de la región leonesa y de la castellana, ambas bajo la responsabilidad del mismo gobierno autonómico. El desfase laboral de León con Castilla, especialmente en León y Zamora, señalan, ahonda en el fracaso administrativo y la carencia de equilibrio. “Existe trato de favor y parcialidad continuados hacia el territorio castellano, tanto considerado todo el periodo autonómico como en lo referido al último decenio”, afirmaron.
Añadieron que la Región Leonesa se debilitó durante el periodo autonómico bajo la administración de la Junta de Castilla y León, y solo la pandemia, de impacto transitorio en lo económico, cambió esa tendencia, pero por causas ajenas a la administración autonómica.
En definitiva, subrayaron que “la fractura socioeconómica general entre ambas regiones” -territorios muy diferentes de facto, como se aprecia por sus divergentes evoluciones bajo el impacto de la pandemia- atenta contra los preceptos de crecimiento equilibrado establecidos en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución.
León y Zamora, recogió el informe, son territorios de emergencia nacional, con la peor evolución del país y presentan datos desconectados de la marcha general de España y discordantes de los de la autonomía.
En un informe de 37 páginas coordinado por Javire Callado, Proyecto León estimó que la solución más eficaz y duradera es la configuración de dos nuevas autonomías diferenciadas, en torno a las dos regiones históricas y culturales, de acuerdo con el Artículo 2 de la Constitución. Matizaron que no se pronuncian políticamente sobre la uni, bi o triprovincialidad de la nueva autonomía, “pues la voluntad popular es diferente en las tres provincias y ésta es una cuestión clave y es totalmente favorable en León, a la luz de todos los sondeos y encuestas desde 1983, pero no en las otras provincias leonesas”. En cualquiera de los casos, concluyeron, la provincia de León debería ser administrada al margen de Castilla. Por su parte, la de Zamora se vería muy beneficiada, “pero si la opinión pública no se pronuncia a favor, nada se puede cambiar y en Salamanca es la voluntad ciudadana en exclusiva el posible motivo de segregación, pues sus datos socioeconómicos son coherentes con los de Castilla”.