El evento ha contado con la presencia de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien ha anunciado nuevas medidas de apoyo a este tipo de centros, como un incremento del 5% en la subvención que reciben para el pago de las cotizaciones de sus trabajadores para contrarrestar los efectos negativos que ha tenido la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Además, en caso de que deje de estar en funciones, la ministra se ha comprometido a poner en marcha una reforma legislativa que permita trabajar en los Centros Especiales de Empleo y con otra profesión diferente a las personas con incapacidad permanente total que no tienen reconocida una discapacidad.
"Los Centros Especiales de Empleo hacen una labor importantísima. Tenemos ya 2.100 en España y trabajan en la integración social de las personas con capacidades diferentes. Al final, el trabajo digno termina dignificando a las personas. Y tener un medio propio de vida hace que las personas adquieran una autonomía y un mejor bienestar, que se sientan útiles a la sociedad a la que pertenecen", ha destacado la ministra.
Valerio ha hecho hincapié además en la necesidad de fomentar la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral normalizado, algo a lo que se ha referido también el consejero de Empleo e Industria de la Junta, Germán Barrios, quien ha anunciado que a principios del próximo año se comenzará a contratar a través de entidades sin ánimo de lucro, fundaciones y asociaciones a técnicos de apoyo a personas con discapacidad en empresas ordinarias. Además, Barrios ha anunciado un incremento de la partida para apoyar a los Centros Especiales de Empleo, que pasa de 22 a 28 millones para financiar el 55% del Salario Mínimo Interprofesional de sus trabajadores y el 80% en el caso de aquellos con especiales dificultades para acceder a un empleo.
Finalmente, el presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, Ángel Luis González, ha explicado que otro de los problemas a los que se enfrentan es la diferenciación entre los de iniciativa empresarial y los de iniciativa social, ya que los primeros no pueden concurrir a las licitaciones públicas y tienen tablas salariales diferentes en el convenio.
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