La inmensa mayoría de estas sanciones se refieren a conductas prohibidas durante el confinamiento domiciliario, que es precisamente la parte del decreto del estado de alarma que el Tribunal Constitucional declara ilegal. A priori, aquellos que no la hayan pagado ya no tendrán que hacerlo. Para saber qué ocurrirá con el resto y cómo se acomete su devolución, habrá que esperar a conocer los detalles de la sentencia y ver si es necesario interponer recurso, puesto que por ahora solo se conoce el fallo, que declaro inconstitucional los puntos 1,3 y 5 del artículo 7 del decreto, relativos fundamentalmente a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas.
En el conjunto de la comunidad son 56.299 las sanciones impuestas durante el primer estado de alarma y 302 las detenciones practicadas. En España, las cifras aportadas por la Subdelegación del Gobierno hablan de 1.142.127 multas y 9.173 personas arrestadas.
La sentencia considera las medidas más restrictivas del decreto habrían sido merecedoras de una declaración del estado de excepción en España, por sobrepasar los presupuestos del de alarma.
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