Desde la manifestación de 27 de octubre de 2019, movilizadas 27 ciudades diferentes de España y miles de motoristas para “exigir el derecho a la vida, ante una administración pública irrespetuosa con los derechos de los ciudadanos”, los motoristas no habían planificado nuevas movilizaciones por responsabilidad social de la situación sanitaria. Más de un año y medio después, prosiguieron, “padecen un comportamiento de traición de las administraciones públicas a la seguridad, igualdad y movilidad del colectivo de ciudadanos motoristas, en un desobedecimiento constante de los dictados de la Constitución y el ordenamiento jurídico, un desobedecimiento que en muchas ocasiones tiene capacidad de matar”.
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