Con cierta agilidad transcurrió el pleno ordinario del mes de octubre en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, donde este jueves, 29 de octubre, han aprobado dos importantes medidas económicas en lo correspondiente al suministro de agua potable y a la concesión de un crédito extraordinario de 3,6 millones de euros. Ambas medidas, como era de esperar, ocuparon gran parte de una sesión en la que se reconoció la labor pública de varios efectivos de la Policía Local tras salvar en el mes de julio la vida de un bebé por un atragantamiento.
En este sentido, la primera de las dos medidas importantes que se sacaron a colación en el consistorio municipal tuvo que ver con la modificación de la tasa que se cobra a los ciudadanos por el servicio de agua a cargo de la empresa Aquona. La cosa suscitó debate, primero, porque la alcaldesa, Ana María Fernández Caurel, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), defendió la necesidad de modificar el artículo 5 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Suministro de Agua Potable. La leonesista ahondó en el déficit generado en las cuentas toda vez recaudada la tasa, puesto que el Ayuntamiento recaudaba mucho menos dinero del que le costaba mantener el contrato con la concesionaria, de manera que para poder hacer frente al pago a Aquona tenían que destinar dinero acreditado al presupuesto municipal. “Me parece injusto”, dijo Fernández, “no puede ser que esta fiesta la paguemos todos”.
Debate tarifario e historial del contrato
Fue la portavoz del Partido Popular, Noelia Álvarez Díez, quien recordó que el contrato con Aquona se firmó en 1996 y se prorrogó en 2010 hasta 2045, además de reconocer también que al partido “no le gusta la subida de precios y menos de un servicio básico como es el agua”. Así, acusaron a la anterior legislatura socialista de María Eugenia Gancedo de realizar una “mala gestión que acabamos pagando todos los vecinos”. “Se vendió como la panacea y se ha convertido en nuestra ruina”, espetó en referencia al contrato. Además, la popular argumentó que con la subida general el déficit lo paga “por igual” el vecino que “vive en un piso de 70 metros cuadrados como el que vive en un chalet con una piscina olímpica”, aludiendo a que, en ese caso de que sean las arcas municipales las que lo sufraguen, daría igual la cantidad de agua consumida. No dejó de calificar dicho contrato como “gravoso y lacra” para los vecinos.
Por su parte, el PSOE achacó que ya en 2025 se subió la tarifa un 38,24% para reducir el déficit municipal con Aquona y, sin embargo, no consiguió tal objetivo a ojos de los socialistas. Además, aseguraron que los déficits generados por este mismo contrato en su alcaldía no eran “tan alarmantes”, puesto que se posicionaban por debajo del marcado el pasado año. Asimismo, la formación también criticó al equipo de gobierno haber ignorado propuestas de mejora como el ahorro de agua en instalaciones municipales: “Traen a pleno propuestas sin negociar y piden que el pleno vote como quiera”.
Con todo, la modificación del artículo 5 para regular la tasa de suministro de agua potable terminó saliendo adelante.
Inyección económica y discrepancias técnicas
El otro punto crítico del pleno fue el crédito extraordinario de 3,6 millones de euros procedentes de los remanentes de tesorería del pasado año. La cantidad monetaria se destinará finalmente a atender gastos pendientes, cubrir el déficit del suministro de agua y alcantarillado y financiar actuaciones en instalaciones municipales como el tejado del consultorio de San Andrés o las obras de emergencia en la carretera N-120, por no mencionar la calefacción de la Casa de Cultura de Trobajo del Camino y del colegio Trepalio.
La propuesta leonesista salió adelante gracias al voto de calidad de la alcaldesa tras haber contabilizado un empate: UPL y Ciudadanos votaran a favor, PSOE, Izquierda Unida-Podemos y la concejal no adscrita en contra y PP y Vox se abstuvieron.
Así, desde UPL se explicó que la medida permitirá seguir saneando las cuentas municipales, que existe remanente suficiente, que según expuso la alcaldesa alcanza los 23 millones de euros, y que además hay un documento técnico que la avala. El portavoz de Ciudadanos, Rafael Sánchez, explicó que otro de los objetivos era reducir la cuenta 413, con un saldo actual de 3,5 millones de euros que se quieren rebajar hasta los 100.000 al cierre del ejercicio. También añadió que su voto fue positivo debido a que el estudio cuenta con hasta dos informes técnicos favorables (de control permanente previo y el de estabilidad presupuestaria y regla de gasto), si bien advirtió de que no se vuelvan a acumular gastos sin consignación presupuestaria.
Reglas fiscales y el plan de ajuste
Tanto PSOE como IU-Podemos y la concejal no adscrita cuestionaron que la medida económica cumpla las reglas fiscales y el Plan de Ajuste en el que el consistorio lleva desde 2012. “Al examinar con detenimiento las cifras advierto que se supera la cifra de gasto, fundamental para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad económica de nuestro ayuntamiento”, dijo Eva Pérez. IU-Podemos, por su parte, cuestionó el incumplimiento de las reglas fiscales, además de reprochar a UPL no haber intentado llegar a un acuerdo con la oposición para buscar apoyos o modificar el expediente antes de llevarlo a pleno. Al mismo tiempo, y como último argumento en contra, deslizaron que la modificación del crédito podría vulnerar el acuerdo de no disponibilidad de fondos.
El PSOE, en cambio, se justifica defendiendo la postura de que el Ayuntamiento no ha demostrado que pueda gastar ese crédito de 3,6 millones de euros sin incumplir las reglas fiscales: «Tener dinero en caja no significa poder gastarlo», dijeron al tiempo que aseguraban que no podían apoyarlo «si no se aclaran las dudas y se demuestra que la operación tiene garantías legales y financieras».
Las dos abstenciones de PP y Vox también tuvieron mucha relación: los populares expresaron dudas sobre la aplicación de la normativa que permite utilizar en este caso el remanente de tesorería, mientras que Vox pidió más tiempo para negociar posibles modificaciones para un mayor consenso futuro.
Infraestructuras y conexiones viarias
La tercera medida relevante que se planteó en el pleno tuvo que ver con las peticiones para mejorar las conexiones viarias entre el polígono industrial de Villadangos del Páramo y el Aeropuerto de León. El equipo de Gobierno denunció la saturación de tráfico que soportaba la N-120 a su paso por el municipio, que podría doblar sus cifras de paso con la ampliación del mencionado recinto industrial. Por ello, respaldó un acceso al aeropuerto desde el polígono de Trobajo del Camino y una nueva carretera de unos 7 kilómetros entre Villadangos y la AP-66.
Aunque todos votaron a favor salvo el PSOE y Eva Pérez, que se abstuvieron, partidos como IU-Podemos reclamaron una mayor fijación con el polígono de Trobajo, con carencias de mantenimiento, o el PP, que pidieron más concreciones al respecto, mismo argumento que los socialistas pero con distinto voto final.
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