En el escrito remitido al Procurador del Común –después de haber interpuesto los recursos administrativos pertinentes– solicita que se inste al Ayuntamiento de Gradefes a que le facilite, en su condición de interesado, el expediente de contratación que le ha sido negado reiteradamente, según declara, tanto por el alcalde como por el secretario municipal aduciendo motivos como la necesidad de autorización o el exceso de carga de trabajo. Asimismo, pide que se inste al Consistorio a la subsanación y/o anulación del procedimiento por la vulneración no sólo de sus derechos fundamentales por quebrar su derecho al trabajo, sino también de las normas de contratación públicas al no respetar «la libre competencia y la selección de la oferta más ventajosa».
Además, demanda que se investigue un posible delito de prevaricación administrativa por parte de la mesa de contratación del citado Ayuntamiento por si hubiera lugar a la pertinente denuncia ante la Fiscalía. Se trata de un contrato que, según el acta de la mesa de contratación se ha adjudicado por 4.900 euros cuando su oferta era de 3.900 euros (más IVA en ambos casos).
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