La Audiencia Provincial de León acogerá este lunes, 22 de mayo, a partir de las 9:30 horas, un juicio por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con otro continuado de estafa. De él se acusa a dos hombres, titular y regente de un establecimiento de la zona de La Bañeza en el que ambos llevaron a cabo los hechos que ahora se juzgan «puestos de común acuerdo y con la intención de obtener un beneficio indebido». Compraron una serie de coches con el objetivo de ponerlos de nuevo a la venta, pero para ello antes alteraron el odómetro y rebajaron los kilómetros que tenían consiguiendo, de esta manera, «un beneficio económico superior al que correspondería» si no lo hubieran alterado. Así lo explica el fiscal en su escrito de acusación, en el que solicita para ellos una pena de tres años de cárcel y 12 meses de multa a razón de diez euros de cuota diaria, además del abono «conjunta y solidariamente» de diferentes indemnizaciones.
Para el fiscal, los dos acusados hicieron uso del «engaño» para lucrarse. En su escrito detalla que los coches con los kilómetros modificados a la baja se presentaban por parte de los acusados o por los nuevos propietarios a la Inspección Técnica de Vehículos pidiendo un duplicado de documentación en una inspección extraordinaria o para realizar una inspección periódica, de manera que la modificación del kilometraje «quedaba en todos los casos reflejada en los informes de inspección realizados por las Estaciones de Inspección Técnica y, en algunos casos, también se hizo constar en las tarjetas de inspección técnica del vehículo y en los permisos de circulación, al ser obligatorio desde el 15 de enero de 2015 el hecho de especificar en los nuevos permisos de circulación los kilómetros con los que cuenta el vehículo en la última inspección técnica realizada».
La Fiscalía, detalla, por ejemplo, el cambio hecho en un vehículo en el que en la ITV pasada el 8 de mayo de 2015 contaba con 174.337 kilómetros y en fecha de 3 de agosto de ese mismo año, cuando se solicitó de la inspección técnica de vehículos un duplicado de documentación, la cifra que constaba era de 82.438 kilómetros que quedaron reflejados en el informe de inspección, así como en el permiso de circulación. En julio de 2015 los acusados vendieron este vehículo a una tercera persona por 9.000 euros, cuando para el fiscal su precio ascendería a la cantidad de 7.000. Lo mismo ocurrió con otro coche que el 17 de septiembre de 2013 tenía 151.343 kilómetros y el 7 de febrero de 2015 solo 87.803. Este vehículo también fue vendido el 10 de enero de 2014 por 7.000 euros, cuando se señala que su precio no debería superar los 5.000. En un tercer vehículo el kilometraje pasó de 138.437 a 72.252 y se vendió por 6.400 cuando costaría unos 6.000; en un cuarto se redujo de 151.587 kilómetros a 71.822 y ganaron 2.000 euros más en su venta de los que corresponderían y en un quinto de 130.473 kilómetros se pasó a 81.355, obteniendo por él también mil euros más de lo que sería su precio.
En el escrito de acusación del fiscal se detallan hasta 15 operaciones de este tipo en las que las ganancias por vehículo rondan los 1.000 o 2.000 euros extra para los acusados tras la rebaja de kilómetros y en algún caso llegan a los 4.000 y se refleja que algunos de los propietarios a los que «engañaron» reclaman en este juicio y otros no. En algunos no figura el precio de venta, pero sí la modificación del kilometraje. Hechos que la Fiscalía incide que son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de estafa en los que explica que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y por los que les pide la pena de tres años de prisión y doce meses de multa a razón de diez euros de cuota diaria y responsabilidad personal subsidiaria. Del mismo modo, les reclama diferentes indemnizaciones conjunta y solidariamente y señala que «procede declarar la nulidad de los contratos de compraventa y de los informes de inspección falsos por reflejar kilómetros falseados, así como de los permisos de circulación y tarjetas de ITV falsas relacionadas en el escrito de acusación y su comiso».
Para el fiscal, los dos acusados hicieron uso del «engaño» para lucrarse. En su escrito detalla que los coches con los kilómetros modificados a la baja se presentaban por parte de los acusados o por los nuevos propietarios a la Inspección Técnica de Vehículos pidiendo un duplicado de documentación en una inspección extraordinaria o para realizar una inspección periódica, de manera que la modificación del kilometraje «quedaba en todos los casos reflejada en los informes de inspección realizados por las Estaciones de Inspección Técnica y, en algunos casos, también se hizo constar en las tarjetas de inspección técnica del vehículo y en los permisos de circulación, al ser obligatorio desde el 15 de enero de 2015 el hecho de especificar en los nuevos permisos de circulación los kilómetros con los que cuenta el vehículo en la última inspección técnica realizada».
La Fiscalía, detalla, por ejemplo, el cambio hecho en un vehículo en el que en la ITV pasada el 8 de mayo de 2015 contaba con 174.337 kilómetros y en fecha de 3 de agosto de ese mismo año, cuando se solicitó de la inspección técnica de vehículos un duplicado de documentación, la cifra que constaba era de 82.438 kilómetros que quedaron reflejados en el informe de inspección, así como en el permiso de circulación. En julio de 2015 los acusados vendieron este vehículo a una tercera persona por 9.000 euros, cuando para el fiscal su precio ascendería a la cantidad de 7.000. Lo mismo ocurrió con otro coche que el 17 de septiembre de 2013 tenía 151.343 kilómetros y el 7 de febrero de 2015 solo 87.803. Este vehículo también fue vendido el 10 de enero de 2014 por 7.000 euros, cuando se señala que su precio no debería superar los 5.000. En un tercer vehículo el kilometraje pasó de 138.437 a 72.252 y se vendió por 6.400 cuando costaría unos 6.000; en un cuarto se redujo de 151.587 kilómetros a 71.822 y ganaron 2.000 euros más en su venta de los que corresponderían y en un quinto de 130.473 kilómetros se pasó a 81.355, obteniendo por él también mil euros más de lo que sería su precio.
En el escrito de acusación del fiscal se detallan hasta 15 operaciones de este tipo en las que las ganancias por vehículo rondan los 1.000 o 2.000 euros extra para los acusados tras la rebaja de kilómetros y en algún caso llegan a los 4.000 y se refleja que algunos de los propietarios a los que «engañaron» reclaman en este juicio y otros no. En algunos no figura el precio de venta, pero sí la modificación del kilometraje. Hechos que la Fiscalía incide que son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de estafa en los que explica que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y por los que les pide la pena de tres años de prisión y doce meses de multa a razón de diez euros de cuota diaria y responsabilidad personal subsidiaria. Del mismo modo, les reclama diferentes indemnizaciones conjunta y solidariamente y señala que «procede declarar la nulidad de los contratos de compraventa y de los informes de inspección falsos por reflejar kilómetros falseados, así como de los permisos de circulación y tarjetas de ITV falsas relacionadas en el escrito de acusación y su comiso».