Decenas de personas de la provincia de León que solicitaron las ayudas del Moves III en diciembre de 2025 han recibido la denegación de sus expedientes por agotamiento del presupuesto, a pesar de haber comprado ya su vehículo eléctrico contando con esta subvención.
Los afectados denuncian que algunos de ellos llegaron incluso a achatarrar su vehículo anterior para acogerse a las ayudas y que ahora se encuentran sin ese coche y sin la subvención con la que contaban. Ante esta situación, se están organizando junto a otros afectados de Castilla y León y preparan acciones legales.
El problema va mucho más allá de la provincia leonesa. En Valladolid, un solo concesionario ha confirmado al colectivo que acumula más de 80 casos de compradores afectados por la denegación de estas ayudas.
Los afectados explican que compraron sus vehículos eléctricos contando con la subvención MOVES III de la convocatoria de 2025 y que, meses después, la Junta de Castilla y León les ha comunicado que no podrán cobrarla porque el crédito se ha agotado.
Según la comunicación de denegación conocida por los afectados, el presupuesto se agotó el 16 de octubre de 2026 y solo se atendieron solicitudes presentadas hasta el 5 de diciembre de 2025 a las 08:35 horas.
Las ayudas para un turismo eléctrico que cumple los requisitos del programa van de 4.500 a 7.000 euros. La situación es especialmente grave para quienes achatarraron su coche anterior para acogerse a la subvención: ya no tienen ese vehículo y tampoco reciben la ayuda económica que esperaban.
Los afectados de León se están organizando a través de grupos de WhatsApp, en coordinación con personas de otras provincias de Castilla y León, para intercambiar información, coordinar los recursos y preparar una respuesta conjunta. El colectivo advierte de que situaciones como esta generan desconfianza entre los consumidores ante futuros planes de ayudas.
Los afectados de León y del resto de Castilla y León reclaman una solución, transparencia sobre el destino de los fondos y una respuesta de la Junta ante una situación que consideran injusta y que afecta a numerosos compradores que confiaron en las ayudas públicas para adquirir sus vehículos eléctricos.
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