Responsables de contratación, secretarios, interventores, gestores culturales, representantes de artistas, productores y otros profesionales han participado en una jornada en la que se han abordado algunas de las principales dificultades que plantea la contratación de espectáculos, actuaciones y servicios vinculados a la programación cultural.
Uno de los primeros asuntos analizados ha sido el uso del contrato menor. Los participantes han coincidido en que puede resultar útil para actuaciones concretas, puntuales y de importe reducido, pero han advertido de que su utilización debe estar debidamente justificada y no convertirse en una alternativa habitual a los procedimientos ordinarios.
En este sentido, se ha insistido en la necesidad de motivar la elección de cada artista o propuesta cultural y de reforzar la planificación. La existencia de varias actuaciones dentro de unas mismas fiestas o de un festival, según las conclusiones de la jornada, no supone por sí sola un fraccionamiento irregular. La clave está en determinar si cada prestación dispone de autonomía y singularidad propias o si, por el contrario, se está dividiendo artificialmente una única necesidad contractual.
Otro de los principales bloques del Congreso se ha centrado en el procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad o por tratarse de una actuación artística única.
La jornada ha puesto de manifiesto que la notoriedad o la trayectoria de un artista no son suficientes para recurrir a este procedimiento. El expediente debe justificar por qué una determinada propuesta resulta singular para la programación y por qué no puede ser sustituida por otra equivalente.
En este ámbito, los participantes han destacado el papel del informe técnico-artístico, que debe trasladar al expediente administrativo las razones relacionadas con la singularidad de una obra, una interpretación o una determinada propuesta cultural. También se ha subrayado la importancia de acreditar correctamente la exclusividad cuando intervienen representantes o agencias.
Los derechos de autor y las entidades de gestión han protagonizado otra de las mesas. Entre las principales conclusiones figura que la gratuidad de un espectáculo no elimina las obligaciones relacionadas con la propiedad intelectual. También se ha señalado la necesidad de identificar correctamente quién actúa como organizador y qué derechos y entidades de gestión están implicados en cada actividad.
El Congreso ha defendido que estas cuestiones se incorporen desde el inicio de la planificación del evento y no se aborden únicamente cuando la contratación ya está avanzada.
La simplificación administrativa ha sido otro de los ejes de la jornada. Los profesionales han advertido de la carga que supone presentar y comprobar repetidamente una misma documentación ante diferentes Administraciones.
Frente a esta situación, se ha planteado avanzar hacia una mayor homogeneización de criterios y aprovechar las herramientas digitales para reutilizar información, facilitar el intercambio documental y reducir tareas repetitivas tanto para las entidades públicas como para las empresas y profesionales del sector.
Las conclusiones de la primera jornada apuntan también a la necesidad de reforzar la profesionalización de la gestión cultural pública y mejorar la coordinación entre todos los agentes que intervienen en la contratación.
El encuentro ha puesto especial atención en la situación de los pequeños y medianos municipios, que disponen de menos recursos técnicos especializados y encuentran mayores dificultades para afrontar procedimientos complejos.
El objetivo planteado en el Auditorio Ciudad de León pasa, en definitiva, por avanzar hacia un modelo de contratación cultural que combine seguridad jurídica, planificación y agilidad administrativa y que permita responder de manera adecuada a las particularidades del sector cultural.
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