La provincia de León registró durante 2025 un total de 1.605 infracciones por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, lo que supone un descenso del 11,1 % respecto al año anterior. Así se desprende de los datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso la Agencia Ical, que reflejan una reducción de las sanciones impuestas al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'ley mordaza', tanto en la provincia leonesa como en el conjunto de Castilla y León.
Con estas cifras, León se sitúa entre las provincias de la comunidad con mayor número de infracciones relacionadas con los estupefacientes, aunque por debajo de Valladolid y Burgos, que encabezaron la estadística con 2.564 y 2.563 sanciones, respectivamente. En el extremo opuesto aparecen Ávila, con 653 infracciones; Palencia, con 688; y Zamora, con 957. La caída registrada en León fue, además, inferior a la media autonómica, que alcanzó el 14,5 %.
En el conjunto de Castilla y León se tramitaron 12.272 sanciones por consumo o tenencia de drogas en espacios públicos durante 2025, frente a las 14.377 contabilizadas en 2024. Este descenso rompe con una tendencia al alza que se mantenía desde 2016, primer año completo de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando se registraron 6.731 infracciones relacionadas con estupefacientes. Pese a la reducción del último ejercicio, el importe de las multas por drogas superó los 8,9 millones de euros en la comunidad, frente a los poco más de 3,6 millones de hace nueve años.
Las infracciones relacionadas con las drogas continúan representando más de seis de cada diez sanciones impuestas en Castilla y León al amparo de esta normativa, concretamente el 63,3 % del total. Durante el pasado ejercicio se tramitaron 19.460 multas por diferentes incumplimientos de la Ley de Seguridad Ciudadana, un 12,9 % menos que en 2024, con una recaudación superior a los 12,4 millones de euros.
Después de las drogas, las infracciones más habituales estuvieron relacionadas con la tenencia y utilización de armas. En este apartado se contabilizaron 2.873 sanciones en Castilla y León, un 7 % más que el año anterior, por las que se recaudaron cerca de dos millones de euros. También destacaron las multas por faltas de respeto a los agentes de la autoridad, con 1.784 expedientes, un 13 % menos, y las relacionadas con la resistencia o desobediencia, que ascendieron a 1.340, con una reducción del 21,2 %.
El procedimiento sancionador comienza cuando las subdelegaciones del Gobierno reciben las denuncias formuladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A partir de ese momento se tramita un expediente administrativo que puede concluir con la imposición de una multa. El pago voluntario permite reducir su importe a la mitad, aunque los afectados también disponen de un plazo de quince días para presentar alegaciones y pruebas, además de la posibilidad de recurrir posteriormente por la vía judicial.
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