Entre los contabilizados a principios de este año, el 85,8 por ciento del total, 79, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que dice que cuando el inquilino no cumpla con alguna de sus obligaciones, el propietario podrá pedir la terminación del contrato y, por lo tanto, el desahucio (y una indemnización si hubo perjuicio). Otros 11 derivaron de ejecuciones hipotecarias, proceso judicial que el banco usa para embargar tu casa si no pagas la hipoteca, y los dos restantes obedecieron a otras causas no definidas. Tanto los lanzamientos por ejecuciones hipotecariascomo los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se redujeron en el primer trimestre en la misma cifra respecto a principios de 2022, ya que hubo siete menos en cada caso, según se desprende del informe sobre los ‘Efectos de la crisis en los órganos judiciales’ elaborado y hecho publico por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que advierte, además,de que este primer trimestre del año se ha visto afectado por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó desde el 23 de enero hasta el 28 de marzo.
Otros datos
Por su parte, en Castilla y León el número de lanzamientos practicados fue de 304, lo que supone una caída del 39,4 por ciento frente al primer trimestre del ejercicio anterior, mientras que a nivel nacional se contabilizaron 6.579, lo que también supone un descenso, en este caso del 40,6 por ciento. El número de desahucios fue muy superior entre enero y abril de este año en autonomías como Cataluña, con 1.715; Andalucía, con 1.279; Comunidad Valenciana, con 1.010; la Comunidad de Madrid, con 661 o Canarias, con 366. En el otro extremo se encuentran los datos de La Rioja, donde solo se registraron 24; Navarra con 30 o Cantabria con 34.Añadir La Nueva Crónica como fuente preferida de Google de forma gratuita
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